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La indignidad de Felipe Sicilia y su uso torticero del 23-F: qué fue realmente el golpe y qué ha pasado ahora

Parecía difícil que la política en España se degradase aún más, pero ayer el Gobierno y sus socios lo lograron.

Parecía difícil que la política en España se degradase aún más, pero ayer el Gobierno y sus socios lo lograron.
Felipe Sicilia desde la tribuna del Congreso de los Diputados, acusando al PP de dar un golpe de Estado como el del 23-F | Europa Press

El Congreso de los Diputados, mediante un procedimiento abiertamente inconstitucional, aprobó ayer una proposición de Ley de reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación, en la que incorporaron mediante enmiendas de adición al texto la modificación de la LO del Poder Judicial y la LO del Tribunal Constitucional, además de añadir un párrafo a la exposición de motivos de la LO de Garantía Integral de Libertad Sexual (conocida como ley del sólo sí es sí). Todo ello por el procedimiento de urgencia, sin permitir su debate y sin los preceptivos informes de los órganos consultivos —Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal—.

La víspera, el PP interpuso un recurso urgente ante el Tribunal Constitucional —y el PSOE otro posterior en sentido contrario— solicitando medidas cautelares para evitar la votación en el Congreso, recurso basado en el procedimiento utilizado por el Gobierno y sus socios, que ha contado en todo momento con la complicidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aunque sin entrar en el fondo de la cuestión.

A partir de ahí, la reacción de la izquierda mediática y política, incluida la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, consistió en darle la vuelta a la tortilla y acusar al PP y al TC de querer dar un golpe a la democracia por tratar de frenar legalmente una votación en el Congreso.

Algunos como Jaume Asens (En Común Podem), Jon Iñarruti (Bildu) y Gabriel Rufián (ERC) llegaron mucho más lejos que los ministros del PSOE y otros miembros destacados del partido y directamente compararon el recurso del PP ante el TC con el fallido golpe de Estado del 23-F dado por Tejero en el Congreso en 1981.

Sicilia se viene arriba

Envalentonado por la bronca sesión, Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y diputado, hizo un bochornoso discurso desde la tribuna del Congreso —muy aplaudido por la bancada socialista— en el que acusó al PP de querer parar el pleno con togas, cuando hace 41 años lo hicieron con tricornios, en referencia a la irrupción de Antonio Tejero en el hemiciclo.

La reacción del PP, en boca de Cuca Gamarra, no se hizo esperar, teniendo que recordar a la bancada socialista que el golpe de Tejero se dio contra un gobierno del centro derecha.

¿Fue el 23-F un golpe de la derecha?

Los ecos de la bronca parlamentaria han tenido su reflejo en la red social Twitter, donde los usuarios han tenido que recordar lo obvio, aportando testimonios escritos y gráficos: que el golpe de una facción del Ejército y la Guardia Civil no lo dio la derecha, sino que se lo dieron a la derecha que se opuso frontalmente al mismo.

Sobre la actuación del entonces presidente Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado, los usuarios de la red social han recordado el momento en que ambos se levantan de sus escaños para enfrentarse a Tejero:

Otros han preferido centrarse en el papel del líder de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, que, como recogen las actas del Congreso de ese día, se enfrentó a Tejero y gritó a los golpistas "¡disparen contra mí!".

Algunos tiran de ironía y describen a Fraga como "un rojo peligroso":

Precedentes: el PSC y el Gobierno de Aznar

Si comparar un recurso legal del PP al TC con el 23-F está absolutamente fuera de lugar, describiendo además el golpe de Estado del 81 como un golpe de la derecha, todavía resulta más ridículo si se tienen en cuenta que los precedentes los ha protagonizado, precisamente, el Partido Socialista. El más reciente, de hecho, lo protagonizó el PSC durante el procés.

Los socialistas catalanes interpusieron en 2017 dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, con petición de medidas cautelares para evitar que los derechos de la oposición parlamentaria fueran conculcados en el Parlament. El primero fue por los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 en los que el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de desconexión para dar cobertura legal al referéndum ilegal del 1 de octubre. Los magistrados del TC desestimaron la cautelarísima del PSC porque a la hora de resolverse la cuestión el pleno del Parlament ya había concluido, tal y como ocurrirá ahora cuando el lunes el TC delibere sobre los recursos del PP y de Vox.

Semanas más tarde, el PSC interpuso un segundo recurso ante el TC contra la convocatoria del pleno del Parlamento de Cataluña del 27 de octubre que debía declarar la independencia de la comunidad autónoma. En él, los socialistas catalanes señalaban que la celebración del pleno supondría un "quebrantamiento radical" de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados.

También resulta interesante otro precedente que recuerda en El País Elsa García de Blas. En este caso fue el PP el que en 2003 utilizó la vía de las enmiendas al Código Penal, incluidas en la Ley Orgánica de Arbitraje, para frenar el Plan Ibarretxe, y este método fue recurrido por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, que falló ocho años después dándole la razón a los socialistas.

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