Como ya contamos en Libertad Digital, desde que ETA dejó de matar ha surgido en el País Vasco francés un movimiento de legitimación de la banda terrorista que no cuenta con oposición ni a un lado ni a otro del río Bidasoa. La participación en una de las mesas de la XX Jornada Anual de Covite de Gérard Courtois y Gérard Oyhamberry, miembros de la ya desaparecida Memoria y Vigilancia, ha servido para desvelar este fenómeno poco conocido en España: que la legitimación de la historia blanqueada de ETA es apoyada por partidos de todo el espectro político francés, y lo hace sin ninguna oposición ni en Francia ni en España.
Un proceso liderado por el alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, del UDI —L´Union des Démocrates et Indépendants— que forma parte de la mayoría presidencial de Emmanuel Macron y es, además, miembro de Artesanos/Bake Bidea.
Si la ponencia de Gérard Oyhamberry se centró en describir a los actores principales de este proceso, la de Gérard Courtois versó sobre la justicia transicional y el concepto o definición de lo que es una víctima del terrorismo.
Justicia transicional
Bajo el concepto de justicia transicional se engloba un poderoso movimiento integrado por juristas, funcionarios internacionales y psicólogos sociales que han prestado sus servicios para pacificar países que han sufrido fuertes convulsiones políticas. En relación al terrorismo de ETA, lo primero que hay que destacar es que los representantes de este movimiento están alineados con lo que proponen los proetarras, tanto a la hora de solucionar lo que ellos denominan "conflicto vasco" como a la hora de definir el concepto de víctima.
De los actores del proceso que describió Oyhamberry en su ponencia —la clase política institucional, los grupos activistas, los medios de comunicación, lobbies culturales y lobbies académicos— los expertos en justicia transicional forman un grupo con entidad propia y tienen una importancia especial, por su prestigio a nivel internacional y los ingentes medios económicos con que cuentan.
"Estos expertos —señala Courtois— pertenecen a un movimiento internacional muy potente que promueve lógicas de pacificación en todos los lugares del planeta donde ha estallado la violencia política".
El poder de los "doctores de la paz"
El movimiento de la justicia transicional surge en los años 80-90 del siglo XX en aquellos países del mundo donde se había producido violencia política y donde se perseguía establecer una paz sólida. Diversos actores —académicos, funcionarios, activistas— se ofrecieron a esos países para conseguir ese objetivo y elaboraron un cuerpo de recomendaciones aplicables a todos esos conflictos.
Como señala Courtois, este movimiento no debe subestimarse. Se dedican al mismo miles de artículos y libros, cuentan con dos revistas académicas internacionales, se han defendido cerca de 700 tesis doctorales sobre el tema y es una disciplina que se enseña en numerosas universidades. Incluso ha dado lugar a nuevas profesiones dentro del ámbito del derecho, de la psicología social y de la historia política y social.
Ahora existe una verdadera profesionalización de la justicia transicional a nivel internacional. Como resultado, cada vez obtiene más recursos: el presupuesto de la OCDE para la justicia transicional se ha multiplicado por 1.200 desde 1988 a 2002: de 500.000 a 600 millones de dólares. Por lo tanto, y esto es importante destacarlo, no se pueden tomar sus recomendaciones sobre la violencia, los conflictos y las víctimas como una simple opinión, porque todos los gobiernos tienen muy en cuenta a estos "doctores de la paz".
Principios de la justicia transicional
Los principios de la justicia transicional, aunque están en constante redefinición, se basan en cuatro pilares, de los que tres, como cuenta Gérard Courtois, miran al pasado. Primero, después de una violencia política grave hay que arrojar luz sobre los hechos pasados; dos, hay que castigar a los culpables, llamados en realidad en la jerga transicional "los perpetradores" —llamar culpables a los que empuñaron las pistolas es estigmatizarles—; tres: hay que otorgar reparaciones materiales y simbólicas a las víctimas, lo que se conoce como "justicia reparativa".
Un cuarto pilar se refiere al futuro porque, según dicen ellos, la justicia transicional propone medios para evitar la repetición de la violencia, forja una cultura de paz y tolerancia y acerca a la población a una narrativa común de la violencia pasada.
Las víctimas
Centrándonos en el tercer pilar, el de las víctimas, la justicia transicional distingue, en principio, diferentes "niveles de responsabilidad" en el ejercicio de la violencia. Pero en cuanto se rasca un poco y se va a lo profundo y lo general del movimiento, se detecta el intento de "homogeneizar a las víctimas" y de "despolitizar su sufrimiento".
Señala Courtois que cuando la justicia transicional establece comisiones para escuchar a los querellantes, "privilegia la audiencia de traumas", es decir, "sólo quieren escuchar almas que sufren". En consecuencia, "desconfían de las víctimas orgullosas o politizadas" que "acusan o se enfadan" y, lo más importante, sus expertos "desconfían siempre de las organizaciones de víctimas".
Además, los actores de la justicia transicional "no están o están poco interesados en la culpabilidad, porque eso les obligaría a elegir entre las víctimas o priorizar". "Creen que la paz sólo se puede ganar a costa de cierta indiferenciación entre las víctimas". Según los "doctores de la paz", decir "quién tiene razón sería repolitizar" y reabrir "la caja de Pandora de la violencia". El chantaje es evidente.
El caso vasco
Estos expertos de la justicia transicional, que han intervenido en Argentina, Sudáfrica, Chile o Perú tras la derrota de Sendero Luminoso, han aterrizado en masa en el País Vasco francés y se han agrupado en torno al profesor Jean-Pierre Massias y el Instituto Louis Joinet, uno de los padres de la justicia transicional.
Señala Courtois un elemento diferencial para el caso del terrorismo etarra. Los expertos "en realidad están desconcertados por la cuestión vasca. Su sistema conceptual se adapta mal a ella", como lo atestiguan tres hechos. Primero que "la mayoría de los terroristas de ETA han sido juzgados y condenados por los tribunales ordinarios de un Estado democrático, mientras que, en general, sus expertos intervienen cuando la violencia política ha quedado sin solución jurídica". Segundo, "la Transición democrática en España no estuvo acompañada, por culpa de ETA, de una transición hacia la paz, cuando en general, para este movimiento de la justicia transicional estas dos transiciones están sincronizadas". Por ello, "para salvar su sistema conceptual, los autores hablan de una justicia postransicional". En tercer lugar, "en España, incluso en la comunidad autónoma del País Vasco, sus expertos no son escuchados por los poderes establecidos" como ha ocurrido en otros países. En definitiva, los únicos que están de acuerdo cien por cien con su marco conceptual son los de EH Bildu y el movimiento abertzale francés.
Pese a estas dificultades conceptuales a la hora de aplicar los principios de la justicia transicional a la banda asesina, no tienen dudas en defender que "las víctimas de ETA no son más legítimas que las demás", es más, y como señala Massias, "a las víctimas de ETA ya las hemos cuidado bastante" y es hora de atender a otras víctimas del conflicto, o "personas traumatizadas", según su terminología.
Por este motivo estos expertos están especialmente interesados en "las víctimas de la política anti-ETA del Estado español", motivo por el que han hecho una extensa investigación sobre la represión policial, los policías que cometieron torturas y sobre la "guerra sucia" de los GAL. "Sólo hay víctimas, y no se puede buscar priorizarlas desde el punto de vista de su legitimidad. A los ojos de la justicia transicional, ninguna es mejor que otra", defiende Massias.
La justicia prolonga el conflicto
Massias considera que los tribunales que juzgan a los etarras "prolongan el conflicto". Y esta forma de discurrir culmina en la idea de que "en nombre de la reconciliación en el País Vasco hay que renunciar a una serie de valores, hay que preferir la paz a la justicia".
"Si buscamos hacer distinciones entre los que tienen razón y los que no la tienen, relanzamos una ruinosa guerra de Memoria", sentencia este experto.
Pasividad española
Todo el proceso descrito en estas jornadas de Covite ocurre mientras en España no hay ni una acción que contrarreste este ejercicio de desmemoria que practican en el país vecino. Pero tampoco tiene que resultarnos sorprendente. Es el actual Gobierno de España el que negocia continuamente con los herederos de la banda terrorista —socios preferentes en esta legislatura— todo tipo de leyes, incluida la Ley de Memoria de Democrática. Fue un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que dijo que Otegi era "un hombre de paz". Y fue un juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Luis López Guerra, el que abogó por derogar la doctrina Parot en julio de 2012.
Aunque tampoco los partidos de la oposición del centro derecha —PP, Vox y Cs— han puesto el grito en el cielo ante el blanqueamiento que se está produciendo en Francia de una historia sangrienta como la de ETA.
Paralelismo con el "indulto" al procés catalán
En otro orden de cosas, y con la importante salvedad de la ausencia de víctimas mortales, algo parecido está ocurriendo con el procés: si en España no se considera un golpe de Estado lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017, ¿por qué iba a ser considerado así en la UE y sus tribunales de justicia?
En definitiva, el Gobierno de Pedro Sánchez aplica con los golpistas catalanes un marco conceptual muy parecido al que defienden Massias y los expertos de la justicia transicional. El fin —la pacificación y la convivencia en Cataluña, presuntamente, o la permanencia en el poder del inquilino de la Moncloa— justifica los medios: indultos, eliminación del delito de sedición y rebaja ad hoc de las penas por malversación, y un asalto al Tribunal Constitucional para facilitar el objetivo del referéndum de autodeterminación.