Los funcionarios en general tendrán una actualización parcial del sueldo con la inflación. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reserva una sorpresa especialmente desagradable para una parte de ellos: para los guardias civiles. A ellos, se les aplicará una pérdida de la conocida popularmente como "bufanda": una paga por productividad que puede suponer cerca de 300 euros anuales para cada guardia. El argumento es difícilmente equiparable en surrealismo: que la partida de dinero público destinada a ese pago irá definitivamente al abono de atrasos a los propios guardias. Traducido: que pagan atrasos a los guardias con dinero presente quitado a los propios guardias civiles. Los equipos de JUCIL explican que "la partida anual que destina Interior para la llamada bufanda hay años que, en parte se ha acabado destinando a otras cosas". Y es que este timo no es una cosa tan extraña en el trato a la Guardia Civil. Pero este año, "en concreto, el dinero de esa paga irá al abono de productividades atrasadas". No de la generada en 2022. Y ello, pese a ser un año en el que los efectos del COVID aún se han dejado notar y los guardias han redoblado esfuerzo para dar la misma cobertura con menos agentes disponibles.
Los técnicos de JUCIL aclaran que "sobre la reducción de cantidades asignadas a la Productividad por Objetivos (bufanda), su confirmación fue comunicada por la Dirección General de la Guardia Civil en la sesión normativa celebrada el pasado lunes 21 de noviembre". Desde la principal asociación de la Benemérita, JUCIL, añaden que en esa sesión se "aclaró que la falta de presupuesto se debe al pago voluntario por la Dirección General de los atrasos de productividad realizados a lo largo de este 2022, no a otros motivos".
JUCIL señala igualmente que, "contra dicho pago voluntario por parte de la Dirección General se posicionó abiertamente" esta asociación profesional, presentando "un informe realizado por sus servicios jurídicos con fecha 17 de marzo donde se indicaba que con el pago voluntario de los atrasos se corría el riesgo de que además de perder los intereses de demora se podría llegar a la actual situación de reducción de cantidades en la partida de Productividad por Objetivos".
"Llegados a esta situación, JUCIL ya ha encargado a sus servicios jurídicos estudiar la legalidad de la decisión tomada por la DGGC, utilizando la partida presupuestaria dedicada a productividad en el ejercicio 2022 para abonar las cantidades correspondientes a los atrasos derivados de ejercicios anteriores (2017-2021)", añade la asociación.
Actuaciones contra la Guardia Civil
Pero el contexto de esta decisión es especialmente llamativo. Y es que el Gobierno recorta su productividad justo cuando ha dejado ya su huella contra la Guardia Civil en infinidad de actuaciones. Ha firmado su salida de Navarra con la retirada de las competencias de Tráfico en la Comunidad Foral; ha eliminado la unidad antidroga de Campo de Gibraltar; ha disparado el déficit de guardias en Cataluña o País Vasco; ha permitido la usurpación de funciones en la costa española en Cataluña admitiendo las patrullas de los Mossos sin respaldo legal alguno; ha falseado la equiparación salarial engañando a todos los guardias con sus promesas; y, sólo por citar algún ejemplo más, ha remodelado la cúpula de la Benemérita tras cesar al coronel Pérez de los Cobos por negarse a violar ante el Gobierno el secreto de unas actuaciones judiciales.
Y todo ello lleva a pensar que la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil puede no ser casual.