No hubo ningún tipo de delito en el vallado de Melilla. Así lo ha considerado la Fiscalía, que llevaba varios meses investigando si alguno de los agentes de las Fuerzas de Seguridad que participaron el pasado 24 de junio en la protección del vallado de la ciudad autónoma ante uno de los numerosos y violentos asaltos que suelen protagonizar los inmigrantes que se encuentran en territorio marroquí. Una investigación centrada en la jornada en la que fallecieron 23 personas.
La Fiscal de Sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, firma el decreto de archivo al no ver indicios ni de posibles delitos de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro; y considera también legales los 470 rechazos en frontera que se produjeron durante esa jornada. Recuerda no obstante a los ministerios implicados su obligación de garantizar que los inmigrantes tienen "posibilidades reales" de solicitar legalmente visado, protección internacional o asilo.
Recuerda que la mayoría de las personas inmigrantes proceden de países en conflicto y son merecedoras de protección internacional: "Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto", insiste.
En su investigación, la Fiscalía ha constatado que los inmigrantes, entre 700 y 800 personas, tuvieron una actuación "hostil y violenta", tanto hacia los agentes se seguridad marroquíes como hacia los agentes españoles, y ha concluido que la actuación de los guardias civiles españoles no hizo en ningún momento que se incrementase el peligro que corrían los inmigrantes que intentaban saltar el vallado.
Lo que sí hace el Ministerio Público es dar traslado a la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que, durante esa jornada, devolvieron algunas de las piedras que previamente les habían lanzado los inmigrantes, por si ese proceder estuviese fuera de los protocolos y procedimientos establecidos en el Instituto Armado y pudiese ser motivo para imponerles una sanción interna.