Su nombre oficial es el Caso Sansoheta. Ya cuenta con sentencia judicial y es condenatoria de los autores de los crímenes. Los hechos probados reflejan la prostitución de menores tutelados en un centro oficial bajo responsabilidad final de la actual consejera de Justicia y candidata del PNV en las elecciones municipales por Vitoria. La Diputación se ha negado a investigar ahora las responsabilidades políticas de la separatista Beatriz Artolazabal, que abandonó precipitadamente la Diputación a las pocas semanas de estallar el escándalo. El PP se ha cansado de este blindaje y ha decidido que llevará el caso al Parlamento Europeo para que se investigue la pata política.
El PP alavés ha confirmado que llevará al Parlamento Europeo el Caso Sansoheta de abusos a menores tutelados por la Diputación de Álava. El Gobierno foral de PNV y PSOE-PSE se ha negado a investigar la gestión del centro de menores tutelados que, más allá de la sentencia judicial, se ha mostrado "caótica", tal y como ha manifestado el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, que ha advertido de que el fallo "cierra el proceso judicial y abre el capítulo de las responsabilidades políticas".
PNV y PSE vetan la comparecencia de Artolazabal
En palabras del portavoz popular, en el momento en que se hizo público que los
acusados habían reconocido los delitos que se les imputaban, el PP alavés exigió la comparecencia de la exdiputada Beatriz Artolazabal, hoy consejera del Gobierno vasco y responsable de la tutela de menores cuando se abusó de ellos. "Pero el PNV y el PSE vetaron su comparecencia en estas Juntas Generales diciendo que no había sentencia judicial", ha expuesto.
"Pues bien, ya hay sentencia. Hoy podemos decir que ha quedado probado en sede judicial que la Diputación no hizo su trabajo y que en Álava se produjo un escándalo sin precedentes que afectó a niños", ha afirmado. Y a continuación, se ha hecho eco de los argumentos de la asociación Clara Campoamor, que ha señalado que "urge hacer un análisis sobre cómo fue posible que esto pasara. No hubo respuesta efectiva, no se establecieron mecanismos de control y no se dieron explicaciones".
El Gobierno foral tapa el escándalo
El PP de Álava ha censurado que PNV y PSE, partidos que conforman el Gobierno foral de Álava, "están empeñados en tapar el escándalo Sansoheta" y, específicamente, la labor realizada por el Departamento liderado entonces por la actual consejera de Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal.
"Pedimos responsabilidad política, distinta de la judicial, y no vale ampararse en que no hay responsabilidad judicial para no dar la cara. Y eso es lo que hacen PNV y PSE. Se lavan las manos y no asumen su responsabilidad política a pesar de que hay muchas cosas que explicar", ha argumentado el PP.
Y es que, efectivamente, el PSOE y el PNV se han unido para tapar otro caso de prostitución de menores tutelados. El PP quería que compareciera la actual consejera de Políticas Sociales y antigua responsable directa del control de esos centros de menores tutelados en Álava por este grave escándalo de prostitución de niños que debían ser protegidos en los centros. Pero los populares se han encontrado con el bloqueo férreo del PSOE y del PNV. Del PSOE porque es el socio de Gobierno del PNV en el País Vasco. Y del PNV porque este partido pretende presentar a la consejera, Beatriz Artolazabal, como candidata a la Alcaldía de Vitoria en las muy próximas elecciones municipales.
El nuevo episodio de menores prostituidos que debían ser tutelados por la Administración dio comienzo en noviembre de 2015. Por esas fechas, un anónimo llegó a los despachos de los grupos políticos de las Juntas Generales de Álava desvelando graves irregularidades en los centros de menores. El mensaje desvelaba "un deterioro progresivo de la atención a los menores y las graves consecuencias que se estaban ocasionando para sus trayectorias personales". Los grupos políticos advirtieron ya entonces al Gobierno regional del PNV de la gravedad de la acusación.
Denuncia de una madre
En abril de 2016 el escándalo fue a más: la madre de un chico internado en el Centro de Menores Sansoheta (Álava) denunció a la Policía Local sus sospechas de que su hijo mantenía encuentros sexuales a cambio de dinero. La Policía Local contactó con el servicio de menores de la Diputación. La investigación, sin embargo, no avanzó, ni en la Policía Local, ni en la Diputación Foral de Álava. Los responsables políticos del PNV y del PSOE del Ayuntamiento de Vitoria, responsables de la Policía Local, niegan que conocieran de boca de la Policía Local la denuncia. Y la entonces diputada de Servicios Sociales de aquella Diputación de Álava, Beatriz Artolazabal, asegura que tampoco lo supo hasta octubre, cuando salta el escándalo. Artolazabal es hoy consejera de Empleo y Políticas Sociales.
Casualmente se da la circunstancia de que en esas fechas y durante varios meses, Artolazabal mantuvo sin cubrir el puesto de subdirector del Área del Menor e Infancia. Y, sea como sea, Artolazabal era la máxima responsable de cubrir esa plaza y también, por supuesto, del correcto funcionamiento de los centros de tutela de menores.
Y de nuevo sea como sea, entre abril y octubre, y a pesar de la denuncia inicial y la advertencia de la madre, la red de prostitución continuó funcionando.
Más denuncias
En agosto de 2016 se sumaron denuncias e indicios graves: un vecino de la zona cercana al centro de menores Sansoheta denunció haber visto a un anciano de pelo blanco, de entre 60 y 70 años, besando en la boca a un joven del centro dentro de un vehículo Mercedes de gama alta. Según el testimonio, a continuación, el menor salió del vehículo y entró en el centro de menores. El vecino llamó al 112 y denunció los hechos formalmente. Pese a todo ello, hubo de esperar a octubre de ese 2016 para que el escándalo saltase y se conociera la noticia de que la Diputación Foral de Álava había puesto, por fin, una denuncia ante la Policía Autonómica (Ertzaintza).
La Ertzaintza se tomó el asunto tan en serio que detuvo a 14 personas, entre ellos un psicólogo que trabajaba para los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria y un monitor del Centro Sansoheta. Y, pese a las denuncias previas, la versión oficial asegura que la Diputación Foral de Álava descubrió los hechos por otro testimonio de un adolescente, que denunció lo que ocurrió a un monitor en las horas de tutoría. El chico relató que los hechos sucedían desde 2015.
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