El plan de la Generalidad para aumentar el uso del catalán en los hospitales ya ha comenzado. El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha publicado la "convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante concurso de méritos y concurso oposición" en diferentes categorías, de los médicos y enfermeras al personal administrativo y de logística. Y en dicha resolución se deja claro que en la mayoría de los puestos a concurso se exigirá el nivel C1 de catalán (nivel de suficiencia), según han denunciado las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana.
Ambas organizaciones explican en un comunicado que "entre los afectados destacan los profesionales de la Enfermería, para los que se ofrecen un considerable número de plazas: 1.590 en concurso de méritos y 605 en concurso oposición del proceso de estabilización". También indican que gran parte del personal sanitario que opta a las plazas llegó a Cataluña de otras partes del resto de España durante los primeros tiempos de la pandemia. "Las autoridades sanitarias catalanas no les pidieron titulación de catalán porque la necesidad apremiaba ante la situación de emergencia sanitaria. Ahora, después de tres años trabajando en el sistema de salud catalán, pueden acceder a esta convocatoria de estabilización de plaza, pero les exigirán un C1, a pesar de que ningún idioma les ha impedido realizar su trabajo hasta ahora", indican Hablemos Español y Convivencia Cívica Catalana.
Asesoría sin coste
Tanto médicos, enfermeros, administrativos así como peluqueros, cocineros o técnicos de mantenimiento deberán aportar el título de catalán o pasar por un examen. Ante la ofensiva lingüística de la Generalidad, Hablemos Español y Convivencia Cívica Catalana ofrecen asesoramiento gratuito a todo el personal afectado que no pueda acreditar el conocimiento del catalán que les exige ahora la administración autonómica.
Recursos ante los tribunales
También anuncian que recurrirán a los tribunales para defender los derechos de estos trabajadores. "La falta de proporcionalidad y la discriminación que se derivan de este requisito serán los ejes sobre los que se plantearán las acciones judiciales, por las que ya se han interesado algunos profesionales, que no se resignan a seguir en una situación laboral de provisionalidad y con menos derechos, por causa del idioma. Se da la circunstancia de que el conocimiento del español solo se les requiere a las personas procedentes del extranjero, que habrán de realizar unas pruebas", advierten las entidades que defienden los derechos lingüísticos de los hispanohablantes.