El PNV fue uno de los apoyos clave en la moción de censura de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El argumento fue el de que el PP había sobrepasado los límites de la corrupción. Pues bien, el último de los grandes condenados por corrupción en el PNV, Alfredo De Miguel, con 13 años de prisión, no sólo no ha entrado en la cárcel sino que trabaja con sueldo público como representante del Gobierno vasco ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, por supuesto, a Sánchez tampoco le importa demasiado tratar ahora con un condenado a 13 años de prisión por corrupción.
El PP de Álava ha anunciado ya que exigirá a Urkullu que explique la colocación de condenados por corrupción en el Gobierno vasco. "Pese a que el exnúmero 2 del PNV alavés, Alfredo De Miguel, fue condenado por corrupción, hoy recibe dinero público y representa al País Vasco ante el Gobierno de España", han denunciado los 'populares'.
El equipo de Iñaki Oyarzabal asegura que "el PNV siempre ha ejercido de defensor de implicados en la peor trama corrupta del País Vasco y de agencia de colocación". El PP urge, de hecho, al presidente vasco a "acabar con las puertas giratorias para corruptos del PNV condenados".
Piden la comparecencia de Urkullu
El PP solicitará la comparecencia del presidente de esa comunidad autónoma, Iñigo Urkullu, en el Parlamento Vasco para que dé explicaciones sobre la colocación del exnúmero 2 del PNV alavés, condenado a 13 años de cárcel por graves delitos de corrupción, en la estructura del Gobierno vasco. De este modo, De Miguel, tras haber sido condenando, ha sido colocado por su partido como "gerente" de una entidad pesquera dependiente del Ejecutivo regional y como portavoz vasco en viajes oficiales o en encuentros con el Gobierno de España.
El presidente del PP de Álva, Iñaki Oyarzabal, ha añadido que De Miguel "no sólo trabaja desde 2019 para Hazi, una entidad pública dependiente del Gobierno vasco –pese a que el convenio colectivo vigente en 2019 en la sociedad pública contemplaba un posible despido en caso de penas de más de seis años de prisión por delitos económicos–, sino que el condenado ha ido adquiriendo nuevas responsabilidades en la estructura del Ejecutivo". De hecho, el PP explica que "ejerce como gerente del GALP (Grupo de Acción Local Pesquera) de la costa vasca, Itsas Garapen Elkartea en su denominación oficial. Este organismo cuelga de Hazi y en él participan también las cofradías de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y además, ha ejercido como representante vasco en visitas oficiales a lugares como Galicia o en reuniones con el Ministerio, y hasta ha recogido premios por proyectos vinculados a la pesca".
Oyarzabal insiste en que "es insólito que entre las competencias de un condenado por corrupción estén gestionar ayudas públicas y recibir denuncias de posibles fraudes en el sector". "Esto sólo es entendible en el País Vasco porque el PNV siempre ha ejercido de agencia de colocación de implicados en la peor trama de corrupción vivida en el País Vasco y ha preferido defenderles a apartarles de la vida pública", añade el líder 'popular'.
El presidente del PP alavés ha recordado que "cuando esta trama operaba, el presidente del PNV era Iñigo Urkullu. Ahora están cobijados bajo su ala. ¿Quién responde de que a esta gente se le esté buscando acomodo con sueldos públicos dependientes del Gobierno vasco?".
El Gürtel del PNV
Alfredo de Miguel no es cualquiera en el PNV. Fue el número dos del partido separatista en Álava y fue condenado por la Audiencia Provincial por el popularmente conocido ya como el Gürtel del PNV. Se trató de un caso de nada menos que 16 millones de euros con delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Pero el PNV decidió desde el primer momento proteger a su hombre: la mantuvo en el cargo desde el primer día alegando que la sentencia no era firme. La raíz de este escándalo era la fundación Hazi, entidad en la que trabajaba y sigue trabajando Alfredo de Miguel.
"HAZI nace como una herramienta del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco para la definición y el soporte técnico en la puesta en marcha de sus políticas y acciones", resume la página web de esta entidad. Sus propios datos destacaban en 2020, justo tras la sentencia, la fundación movía "20 millones de euros en volumen de negocio anual", que contaba con "190 trabajadores" y su función era "alinear objetivos con los del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco".