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Más de mil profesores alertan de las enmiendas de ERC y Bildu para fomentar manifiestos separatistas en la Universidad

Universitaris per la Convivència pide ser recibida por el ministro Subirats para abordar la politización de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Universitaris per la Convivència pide ser recibida por el ministro Subirats para abordar la politización de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
El ministro de Universidades, Joan Subirats | Europa Press

Más de un millar de profesores universitarios ha suscrito una carta abierta a senadores y diputados en la que alertan de una enmienda introducida por ERC y Bildu en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) cuyo propósito es fomentar los manifiestos separatistas en los claustros de las universidades. En la misiva, iniciativa de la entidad "Universitaris per la Convivència", se alega que "en el debate de totalidad del texto de la LOSU en el Congreso ha quedado patente que la referida enmienda (incorporada como letra "g" al artículo 45.2) busca corregir las resoluciones de los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, que han declarado contrarios a la libertad ideológica y de expresión los manifiestos separatistas de las universidades catalanas".

Hasta el momento, 1.046 docentes universitarios han firmado la carta, en la que se pide que se suprima la enmienda y "se incorpore al texto de la LOSU una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas".

Los firmantes pertenecen a la práctica totalidad de las universidades públicas de España y gran parte de las privadas. Entre ellos figuran más de 350 catedráticos, exmagistrados del Tribunal Constitucional, exaltos cargos de gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP e intelectuales de reconocido prestigio.

Según estos profesores, las enmiendas separatistas atribuyen a los claustros "la función fundamental de 'analizar, debatir y posicionarse [el subrayado es nuestro] sobre temáticas de especial trascendencia social, cultural, jurídica, económica o política'". Además, destacan que el sentido de las enmiendas quedó claro con la intervención de la diputada de ERC Marta Rosique, que afirmó el pasado 21 de diciembre en el pleno del Congreso que "hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politècnica de Catalunya eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión; las universidades deben ser y son pilares democráticos y deben poder ejercer como tales".

Resoluciones judiciales

"Universitaris per la Convivència" entiende que las enmiendas de ERC y Bildu son una respuesta a las resoluciones que han anulado los manifiestos separatistas de los claustros de las universidades catalanas a favor de las tesis separatistas (entre ellas, las muy recientes sentencias 1836/2022, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y 1536/2022, del Tribunal Supremo) que ampararon a los profesores que denunciaron vulneraciones de sus derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión cuando los claustros de sus universidades adoptaron declaraciones de carácter partidista sobre el "procés".

Destacan, al respecto el caso del manifiesto conjunto aprobado por los claustros catalanes en otoño de 2019 "que censuraba muy duramente la sentencia del procés y la actuación de las fuerzas de orden público, y reivindicaba el derecho a la autodeterminación de Cataluña. A modo de trofeo y mediando convocatoria de prensa, el manifiesto fue luego entregado por los claustrales proponentes a los presidentes del gobierno (Quim Torra) y del parlamento (Roger Torrent) catalanes".

Los promotores de la carta recuerdan que "las universidades públicas están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica, que la libertad de expresión es un derecho individual, y que la autonomía universitaria tiene un carácter instrumental, puesto que se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra".

También apuntan que los claustros no son órganos de representación política, sino académica y que "la función de los órganos universitarios de gobierno y representación no puede ser la de definir y promover una determinada línea ideológica o la de establecer un pensamiento oficial o institucional de la Universidad, sino la de garantizar el libre debate de las ideas entre todos sus integrantes".

La entidad ha reclamado al ministro de Universidades, el podemita Joan Subirats, que les reciba para abordar el intento de politización de los claustros. "Universitaris per la Convivència" se creo en septiembre de 2018 con el objetivo de defender el principio de neutralidad institucional y también los derechos fundamentales que se ejercen en el ámbito universitario, con atención especial a la libertad ideológica, la libertad de expresión, la autonomía universitaria, el derecho a la educación y el derecho a usar la lengua que cada uno elija.

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