El recorrido judicial del mayor trama de corrupción del PNV y del País Vasco ha llegado a su fin. Se inició en diciembre 2009 con la denuncia de una empresaria alavesa en la Audiencia Provincial y ha concluido esta semana con una sentencia del Tribunal Supremo que hará que hasta cinco exaltos cargos del PNV, tanto orgánicos como de instituciones como la Diputación Foral de Álava, acaben en la cárcel. Hay varios más condenados, pero no pisarán la prisión.
El conocido como caso De Miguel era una trama que, utilizando sociedades interpuestas o pantalla para recibir el dinero, se dedicaba a cobrar comisiones por otorgar contratos públicos relacionados con la diputación alavesa y sus empresas públicas satélites. Un clon del caso Gürtel. La cifra mágica era el 4 por ciento del contrato. Un punto porcentual más que el famoso escándalo del 3 por ciento que causó un terremoto en Cataluña e hizo desaparecer las siglas de CiU.
El principal cabecilla de la trama era Alfredo de Miguel, entonces número dos del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local, es decir, el número tres del Gobierno de la Diputación alavesa. Hasta el momento de su detención todas las quinielas apuntaban a que con su gran proyección política terminaría siendo el hombre fuerte del PNV en Álava e, incluso, llamado a causas mayores en el casi sempiterno gobierno peneuvista del País Vasco.
Tal era su influencia dentro del partido que, según declararon los propios agentes de la Ertzaintza que participaron en su detención en 2010, sus mandos no les informaron de quiénes iban a ser los detenidos hasta pocos minutos antes para evitar filtraciones y que la operación se fuese al traste. De hecho, pese nunca le ha faltado trabajo asociado a las instituciones controladas por el PNV, hasta el punto de que actualmente es representante del Gobierno vasco ante el Ejecutivo central.
La trama no sólo salpicó al PNV de Álava, a la Diputación Foral alavesa y a varios ayuntamientos controlados por el partido jeltzale, sino que tocó directamente al Gobierno vasco que entonces comandaba Juan José Ibarretxe. Y el nexo de unión era Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Gobierno, acusado de desviar más de 300.000 euros en comisiones, casi la mitad de lo que se había detectado que había conseguido robar esta trama corrupta. Su condena al final ha sido de 12 años y 4 meses, por lo que tendrá que entrar entre rejas.
Se da la circunstancia de que Sánchez Robles no solo era en el momento de los hechos un alto cargo del Gobierno vasco, sino que es también el marido de Miren Josune Gorospe Elezkano, con una dilatada trayectoria en el PNV. Ella es actualmente diputada en el Congreso de los Diputados, ha sido diputada en el Parlamento vasco (2010-2019), miembro de la Ejecutiva del PNV en Vizcaya (2016-2019) y edil en el ayuntamiento de Dima (2011-2016).