Con la entrada en vigor este jueves de la reforma del Código Penal del Gobierno y sus socios separatistas, decae el delito de sedición por el que fueron condenados los golpistas de la asonada separatista de otoño de 2017. En un primer momento se había dicho que las defensas de los indultados presentarían un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo la libre absolución de sus patrocinados y que se anulen las inhabilitaciones que quedaron fuera de los indultos concedidos por Pedro Sánchez.
Sin embargo, a lo largo de la mañana han empezado a aflorar las discrepancias y discusiones entre los indultados, sus abogados y ERC y Junts per Catalunya. Los del partido de Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, no quieren que sus defensas se vuelvan a personar ante el Tribunal Supremo para pedir la absolución. Quieren que sean los magistrados del TS quienes se humillen, actúen de oficio y anulen la sentencia dictada en octubre de 2019 que les condenaba a una media de nueve años de cárcel por sedición y en algunos casos malversación en concurso medial.
En cambio, los abogados de ERC y sus indultados, con Oriol Junqueras a la cabeza, abogaban hasta hace unas horas por personarse en el Supremo y solicitar la revisión de las condenas. No obstante, el paso dado por JxCat y algunas dudas jurídicas han forzado una suerte de tiempo muerto en el partido republicano. Algunos letrados tanto de los cabecillas de ERC como de los Junts consideran que la revisión de la sentencia tras desaparecer la sedición y abaratarse la malversación corresponde al Tribunal Supremo, que debería de actuar de oficio sin esperar a que lo soliciten los beneficiarios.
Los Jordis, por su lado
Los Jordis, los expresidentes de la ANC y Òmnium, Sànchez y Cuixart, que fueron los primeros en entrar en prisión preventiva, han descartado pedir su absolución al Tribunal Supremo. La defensa de Jordi Sànchez, que tras salir de prisión se apuntó a JxCat y fue efímero secretario general del partido, considera que la absolución de su cliente debilitaría de manera notable su caso en las instancias judiciales europeas y que lo que pretende es a que los tribunales europeos desautoricen a los españoles.