El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado dar traslado a la Fiscalía para que informe sobre si solicita el archivo para alguno de los encausados de la trama Púnica tras la reforma del delito de malversación del Gobierno de Pedro Sánchez.
El magistrado también se ha dirigido al Ministerio Público y a las acusaciones personadas en el caso del "cártel del fuego" para que se pronuncien si mantienen su calificación en dicho procedimiento por las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 14/2022 de 22 de diciembre.
En un auto y cuatro providencias, el magistrado señala que si bien ya se ha dictado en los cinco procedimientos la apertura de juicio oral, "concurren circunstancias excepcionales que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación" del Ministerio Público y de las acusaciones.
Así, explica que el pasado 23 de diciembre de 2002 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Esta nueva norma, continúa, contempla la reforma del artículo 432 del Código Penal, modificando además de su contenido los límites penológicos.
"Dada la posibilidad de que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación del que se acusa a los encartados, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio fiscal para que informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, mantiene la calificación", indica el auto.
Las resoluciones se han dictado en las piezas 4, 5, 8 y 10 de la denominada Operación Púnica y el caso conocido como "cártel del fuego", la investigación por el amaño de contratos para la extinción de incendios.