Irene Montero defendió desde el primer momento que los niños tenían derecho a "tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento". Más tarde tachó de "fascistas" a todos los que remarcaron que acababa de defender una violación abierta de todas las limitaciones legales a las relaciones sexuales de los menores, incluidas las relaciones con mayores de edad (pederastia). Y ahora, tras toda esa polémica, Podemos acaba de registrar un documento en el Congreso de los Diputados para, literalmente, "fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas y consentidas" de los "niños y niñas".
Irene Montero defendió en septiembre del recién acabado año 2022 que "todos los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho que a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Eso son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan".
Tras semejante afirmación, frontalmente contraria a la legislación española en materia de relaciones sexuales de los menores, la ministra acusó a todos los que repitieron sus frases de ser unos "fascistas". Es más, afirmó que todo pasaba por "una campaña muy fuerte que tiene como eje acusarnos de pederastas" por parte de esos sectores plagados de "reaccionarios".
Pues bien, tras toda esa polémica, Podemos acaba de presentar un documento en el Congreso en el que defiende justo lo mismo que negó Irene Montero tras haberlo declarado ella misma.
El documento se titula "Sobre salud sexual en centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos". Y allí, "el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común" defiende abiertamente un tipo de educación sexual que, según ellos, es una recomendación flagrante por parte de la comunidad de expertos sobre salud sexual, por parte de la comunidad pedagógica y de entidades de defensa de los derechos de los niños y niñas". Un recomendación por la que "es imprescindible que se aplique desde todos los centros educativos de titularidad pública y sostenidos con fondos públicos, no sólo porque está enmarcado en las diferentes leyes anteriormente mencionadas, sino por sentido común".
¿Y cuál es el propósito expreso de esta petición? Pues dotar "a los niños, niñas y adolescentes de las herramientas necesarias para identificar las violencias sexuales" y, a su vez, "para fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto hacia los y las demás".
Es importante recalcar la última frase: "Para fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto hacia los y las demás". Entre "niños, niñas y adolescentes". Y es que Podemos ha pasado, de considerar un derecho de los "niños" las relaciones sexuales consentidas" -sin especificar ningún límite-, a directamente escalar su plan hasta el punto de pedir "fomentar" esas "relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto hacia los y las demás".
La argumentación de Podemos afirma que "en 2017 un informe realizado por Save the Children (‘Ojos que no quieren ver’) ubicaba como primera recomendación para combatir los abusos sexuales a niños y niñas en España la garantía de que la infancia accediera a la educación sexual en la enseñanza reglada y desde etapas tempranas". No se llega a saber qué tiene que ver eso con eliminar la protección sexual a la infancia. Pero Podemos continua: "En este punto, el texto señalaba que debe estar adaptada a la edad del niño o niña y orientada a educar en relaciones, tanto afectivas como sexuales, seguras y libres de violencia. Tres años más tarde, la misma ONG insistía en ‘(Des)información sexual: pornografía y adolescencia".
Desde el partido morado añaden que, "por otro lado, forma parte de la actuación obligatoria del Estado adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la infancia y adolescencia de la violencia". Tampoco se llega a entender la relación de eso con fomentar las relaciones sexuales de los menores con su mero consentimiento.
Y Podemos prosigue asegurando que "al fin y al cabo, la educación sexual es una de las herramientas para prevenir violencias presentes y futuras, y que en cualquier etapa de la vida podamos detectar y reaccionar ante situaciones de riesgo".
Para Podemos, "España ha dado un paso más en la dirección de la mayoría de países europeos, donde la educación sexual es obligatoria, tales como Suecia, Noruega, Finlandia, Francia o Bélgica. Por ello, en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) ya se ve reflejado lo que organismos internacionales, pedagogos y expertos en la materia llevan mucho defendiendo".
Es más, los morados elogian su labor y señalan que "el Ministerio de Igualdad ha dado un paso más en este sentido, al mejorar la Ley Orgánica 2/2010 enfatizando y protegiendo el derecho de los niños y niñas a una educación sexual; así como ampliar y defender los derechos a través de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia".
Y, a partir de ahí, saltan a su reclamación de fomentar las relaciones sexuales de los niños: ""Es imprescindible que se aplique desde todos los centros educativos de titularidad pública y sostenidos con fondos públicos, no solo porque está enmarcado en las diferentes leyes anteriormente mencionadas, sino por sentido común, dotando a los niños, niñas y adolescentes de las herramientas necesarias para identificar las violencias sexuales y, a su vez, para fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto hacia los y las demás".
Por todo ello, el partido de Irene Montero "insta al Gobierno a garantizar la educación sexual en todas las etapas educativas obligatorias y en todos los centros educativos públicos y sostenidos con fondos públicos, en los términos establecidos y desarrollados en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; así como en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.