El lunes 2 de octubre de 2017 en Cataluña fue un día sumamente complicado para los policías nacionales y guardias civiles desplazados a la región por la convocatoria del referéndum ilegal que se había celebrado un día antes. También para sus familias. Hubo profesores que llegaron a reprochar a alumnos hijos de guardias civiles el papel de sus padres durante la asonada. En muchos colegios donde el día anterior se había votado se sacó a los alumnos al patio en señal de protesta.
Ese era el "ambiente" en toda Cataluña, con llamamientos de los políticos golpistas a la ciudadanía para "hacer efectiva la república", la convocatoria de una huelga general y manifestaciones agresivas delante de los hoteles donde se habían alojado policías y guardias civiles, así como protestas violentas con lanzamiento de piedras y destrozos ante las casas cuartel del Instituto Armado.
Las turbas se nutrían de elementos locales y de grupos que iban de localidad en localidad para insultar, como mínimo, a los agentes. Los Comités de Defensa de la República (CDR) diseñados por los golpistas comenzaban a tomar forma.
Cinco años después del golpe de Estado, la Audiencia de Barcelona juzgará mañana y pasado a tres acusados de coacciones para los que la Fiscalía reclama tres años de prisión y otros tres de inhabilitación. Y es que se trata de un jefe de policía local y dos tenientes de alcaldes socialistas de la localidad barcelonesa de Pineda de Mar. Los tres amenazaron al propietario de una cadena hotelera con cerrarle los hoteles durante cinco años si no echaba a los casi quinientos agentes alojados en dos de sus establecimientos. Iban al frente estos tres individuos, dos hombres y una mujer, de casi un millar de exaltados, muchos de ellos de otras poblaciones, plantados frente al hotel Chekin Mont-Palau, donde se hospedaban 260 agentes de la Policía Nacional.
Los concejales del PSC acusados en este juicio son Carme Aragonès, entonces primera teniente de alcalde; Jordi Masnou, segundo teniente de alcalde, y Carles Santacreu, jefe de la policía local.
El escrito de acusación del fiscal para los delitos de Odio y Discriminación refleja que Carme Aragonès amenazó al gerente del hotel con cerrar el establecimiento al día siguiente y durante cinco años si no echaba a los policías. La amenaza se hacía extensiva a otro hotel, el Chekin Pineda, que hospedaba a otros 228 agentes.
Explica también el fiscal que el jefe de la policía local no iba uniformado pero que se identificó expresamente como tal. En cuanto a Jordi Masnou, a pesar de estar un escalón por debajo de la señora Aragonès, dijo que él "era quien mandaba allí" y que "si él decía blanco era blanco". El gerente decidió llamar al director de la cadena y pasar el teléfono a los concejales del PSC, que gobernaba y gobierna en la localidad. Estos repitieron las amenazas.
Pero no quedó ahí la cosa. Los ediles quisieron obligar a la propiedad de los hoteles a firmar un comunicado en el que se afirmaba que el ayuntamiento y la cadena habían alcanzado un acuerdo para expulsar a los agentes antes de las 16 horas del día siguiente, el 3 de octubre. La versión de gerente y los directores de ambos hoteles es otra y consta en el escrito de fiscalía. Se trata de un correo electrónico con este texto: "Debido a una reunión que hemos tenido con los responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar al contingente de Policías Nacionales de los dos hoteles el día 03/10/2017 antes de las 16 horas".
"Multitud exacerbada"
Eso no fue impedimento para que Carme Aragonès declarara ante las cámaras de televisión a las puertas del hotel y delante de los manifestantes que habían alcanzado tal acuerdo con los hoteleros. En el escrito fiscal se dice que tales declaraciones se hicieron "como forma de disuadir y contentar a una multitud exacerbada". De paso, Aragonès aprovechó para decir ya en ese momento que en ningún caso el ayuntamiento había amenazado a los gestores de los hoteles.
Durante el golpe de Estado fueron muchos los dirigentes socialistas y de los comunes (la versión regional de Podemos) que se sumaron a las movilizaciones separatistas. Ada Colau visitó la noche antes del referéndum ilegal algunos de los colegios que habían sido tomados por los separatistas para garantizar su apertura. El economista Germà Bel, exdiputado socialista en el Congreso y en aquellos momentos diputado de Junts pel Sí (la alianza de Mas y Junqueras), dijo que era normal que se echara a policías de los hoteles porque estos tienen reservado el derecho de admisión y "no admiten animales". Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, se llegó a plantar frente a un grupo de policías nacionales que trataban de acceder al Instituto Can Vilumara para impedir la votación.
Los bulos difundidos por los medios de la Generalidad habían causado un gran impacto. En aquellos días, los partidos y organizaciones separatistas se habían adueñado de la situación. CC.OO. y UGT se pusieron al frente de la huelga general planeada por el Govern golpista. Y amplios sectores del PSC eran partidarios de sumarse explícitamente al golpe.