Los dos concejales del PSC de Pineda de Mar que amenazaron y coaccionaron a los responsables de una cadena hotelera de la localidad para que expulsaran de sus hoteles a quinientos agentes de la Policía Nacional alojados durante el golpe de Estado separatista han aceptado los hechos a cambio de una rebaja de la petición de pena por parte de la fiscalía.
El fiscal coordinador de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, solicitaba tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para Carme Aragonès (en el momento de los hechos, 2 de octubre de 2017, primera teniente de alcalde) y Jordi Masnou (segundo teniente de alcalde y que sigue en el equipo de gobierno municipal). Dada la "confesión", el fiscal ha rebajado la petición a un año de prisión y otro de inhabilitación para cargo público. El jefe de la policía local, Carles Santacreu, en cambio, niega haber proferido amenazas y coacciones y alega que solo acompañó a los concejales. Para él se mantiene la petición de tres años de prisión.
El juicio ha arrancado esta mañana en la Audiencia de Barcelona con las declaraciones de los testigos. El primero, el director de la cadena hotelera, quien ha ratificado que los acusados le amenazaron con cerrar los hoteles durante cinco años si no expulsaba a los policías de los establecimientos. También ha declarado uno de los jefes policiales encargados de la logística del despliegue durante los días previos y posteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
"Cierre" del puerto de Palamós
De su testimonio ha destacado que los agentes tuvieron que ser alojados en esos dos hoteles de Pineda de Mar porque el puerto de Palamós había denegado el atraque del barco en el que estaba previsto que se alojaran los quinientos agentes. Fue Josep Rull, entonces consejero de Territorio de la Generalidad y condenado por sedición, quien se jactó de haber dado la orden para que no se dejara atracar el barco.
En la sesión de mañana está previsto que declare el policía Santacreu, defendido por Andreu Van den Eynde, el letrado que representó a los acusados de ERC en el juicio del Tribunal Supremo por el golpe de Estado de otoño de 2017.
Como se recordará, la delegación municipal del PSC con el acompañamiento del jefe de la policía local vestido de paisano, se dirigió a uno de los hoteles, frente al que se había concentrado una turba de unos mil individuos, para exigir a sus responsables que expulsara a los policías alojados. Aragonès llegó a declarar tras la "gestión" y ante las cámaras de televisión que habían sido los responsables de los hoteles quienes habían decidido expulsar a los policías. De lo que habló fue de las amenazas y coacciones que hoy ha reconocido en el juicio.