La organización "Hablamos Español", que defiende los derechos de los hispanohablantes en la comunidades donde además del español hay otro idioma oficial, ha emprendido una campaña legal para revertir la exclusión de la lengua en las señales de tráfico urbanas. A tal efecto ha enviado requerimientos a las capitales de las provincias de Cataluña, Baleares y Galicia (excepto La Coruña) por la exclusión del español en las indicaciones de las señales de tráfico. Se trata habitualmente de información relativa a horarios de estacionamiento, recomendaciones sobre el tráfico o cortes y otras incidencias.
"Hablamos Español" ha enviado requerimientos a los consistorios para abrir cuanto antes la vía contenciosa. Se trata de los ayuntamientos de Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona, Palma de Mallorca, Santiago, Orense, Pontevedra y Lugo, a quienes la entidad reclama que retiren las señales que excluyen el español y las sustituyan por otras "con indicaciones escritas también en español".
Como es obvio, la organización no confía en que los ayuntamientos hagan caso, pero al cabo de diez días podrán recurrir a los juzgados.
Ciudadanos anónimos
"Los requerimientos se han llevado a cabo en nombre de ciudadanos censados en esos ayuntamientos y en aquellas ciudades donde la situación es más delicada, lo hemos hecho en nombre de Hablamos Español, amparados en el artículo 3 de los estatutos de nuestra asociación, que dio pie a nuestra legitimación por el tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de las sentencias lingüísticas en la enseñanza", explica la entidad en una nota hecha pública este martes.
Contexto legal
La organización recuerda en su comunicado "el artículo del 56 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial" y que establece lo siguiente: "Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la Comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad".
En cuanto al procedimiento empleado, "Hablamos Español" se remite al artículo 30 de la Ley que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa y que dictamina que "en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo".
La entidad que preside Gloria Lago aclara que "el español está ausente en la rotulación, documentación y campañas institucionales en la práctica totalidad de todos los ámbitos oficiales en estas tres comunidades autónomas y de forma creciente en la Comunidad Valenciana y, por ello, desde Hablamos Español tenemos en marcha procedimientos administrativos encaminados a devolver nuestra lengua común a estos ámbitos. Pero estos procedimientos son largos al no existir una norma que expresamente prohíba esta práctica hispanófoba. Sin embargo, en el caso de las señales de tráfico podemos acogernos a una ley de rango Estatal clara, lo que nos abre, además, una vía contenciosa más rápida".
Lago explica manifiesta además que "las personas de a pie seguiremos buscando cualquier resquicio legal y movilizando a nuestros colaboradores, para arreglar este desaguisado que han generado los políticos que han gobernado hasta ahora, que han permitido o promovido la exclusión del español de todo lo oficial. En el caso de las señales de tráfico, creemos que será más sencillo, siempre y cuando se cumplan las sentencias, claro está. Un ayuntamiento no puede eliminar el español de las señales de tráfico, porque esto está regulado por quien tiene competencia sobre ello, el Estado, que tiene en vigor una ley sobre tráfico y regulación de vehículos".
Hablamos Español seguirá reclamando el cambio de señales en más ayuntamientos. En el caso de Cataluña Ángel Escolano, de Convivencia Cívica Catalana, ha adoptado la misma iniciativa en Hospitalet de Llobregat.