Evocando la Constitución de 1812, Alberto Núñez Feijóo ha elegido el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz para presentar su Plan de Calidad Institucional. Un proyecto que el líder del PP quiere poner en marcha en sus cien primeros días de gobierno si llegan a La Moncloa para "evitar los comportamientos antidemocráticos, evitar los abusos de poder y obligar a respetar los procedimientos propios de la democracia".
Feijóo ha realizado una declaración de intenciones durante su presentación: "El PP está aquí para denunciar las políticas de Sánchez pero algo más. El PP está aquí para rebelarse y para demostrar que la del gobierno no es la única política posible en España". Y para ello, ha querido "ofrecer una respuesta meditada, factible y capaz de ser asumida por los que comparten nuestra preocupación y ansían una reacción democrática".
Frente al "nepotismo, la arbitrariedad y la incapacidad" de Pedro Sánchez, el PP propone "60 medidas para mejorar nuestra democracia". Unas medidas que acaban con la base de las políticas del Gobierno en los últimos años. Entre ellas: recuperar el delito de sedición, acabar con la ley del solo sí es sí, limitar el poder del Gobierno sobre el Congreso y las leyes, recortar el número de ministros y altos cargos o, incluso, "abrir un registro sobre el uso del Airbus A310, el Falcon y el helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno".
Durante el acto, Feijóo ha tomado asiento ha firmado sobre la portada de su Plan, y ha escrito a mano: "Un gran país necesita instituciones a su altura. Aquí está mi compromiso para lograrlo y volver a ponerlas al servicio exclusivo del interés general. Este documento supone un contrato con España, pero también una herramienta contra la resignación".
Las medidas
El Plan de Núñez Feijóo se divide en 5 apartados. El primero de ellos son las "medidas para proteger la Constitución y la integridad territorial del Estado". Recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto reforma de malversación y tipificar el delito de referéndum ilegal son algunas de ellas.
En el segundo apartado de este Plan se pueden encontrar las propuestas para "garantizar las funciones del poder legislativo y la calidad de la leyes". Entre ellas, limitar el recurso del Real Decreto Ley (frente a un Ejecutivo que ha abusado de esta vía en los últimos años), regular la periodicidad del Debate del Estado de la Nación y crear una oficina de calidad democrática y legislativa.
En tercer lugar, se recogen las "iniciativas para un mejor gobierno". "Garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas, establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y prohibir el uso de recursos públicos en actos partido son los puntos que propone Feijóo.
"Mejorar el Poder Judicial"
"Medidas que mejoren nuestro Poder Judicial" es el cuarto apartado de este plan que busca "limitar las puertas giratorias y reforzando las exigencias de independencia en el TC y en el CGPJ" estableciendo "un mandato de 5 años para el Fiscal General del Estado desvinculándolo del mandato del gobierno".
El texto reza: "En el ámbito de nombramientos, todos los altos cargos de la carrera judicial (presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, y Presidentes de Audiencias Provinciales) pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos del CGPJ".
Para poder ser nombrado Magistrado del Tribunal Supremo se requerirá una antigüedad mínima de 20 años de antigüedad en la carrera judicial sin que pueda computarse el tiempo en servicios especiales. En cuanto al nombramiento de los magistrados autonómicos, se modificará el artículo 330.4 LOPJ para eliminar la terna que proponen las Asambleas legislativas autonómicas de manera que en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ cubrirá por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional en la Comunidad Autónoma.
El CIS, el INE, el CNI y RTVE
El último apartado de este Plan se incluyen actuaciones para "recuperar el prestigio de las instituciones", estableciendo requisitos de idoneidad para dirigir los organismos reguladores y con medidas para "recuperar la credibilidad y la independencia de las instituciones que se han visto menoscabadas en esta legislatura". En concreto, recoge propuesta específicas para el CIS, el INE, el CNI y RTVE, según ha dicho Feijóo.
"Para aumentar las garantías de independencia se impedirá que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes o miembros de éstas aquellos que hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, titulares de Secretaría de Estado o hayan ostentado cargo orgánico en partido político u organización sindical en los últimos cinco años", reza la norma.
Para garantizar la independencia funcional del presidente de INE, RTVE y EFE, "se fijará por ley su mandato temporal, en el mismo sentido que ya se establece respecto a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España o la Agencia Española de Protección de Datos". En el caso de los medios de comunicación públicos, la justificación es "asegurar su independencia" y "respetar el trabajo de sus profesionales".
Sobre el Centro Nacional de Inteligencia, se precisa además que el Secretario de Estado del área o el director del CNI "no habrá ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento. El candidato deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales y/o inteligencia".