El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha procesado a 45 agentes del Cuerpo Nacional de Policía por su actuación para impedir la celebración del referéndum ilegal convocado por la Generalidad golpista. Según el auto del juez, esos policías podrían haber incurrido en delitos leves o menos graves de lesiones "sino también delitos de los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación final de los mismos, que esta resolución no puede limitar ni condicionar". Dichos artículos aluden a las torturas y a los atentados contra la integridad moral de las personas.
En el auto se describe la actuación policial en 27 puntos de votación de Barcelona y se acusa a los 45 agentes de actos de "violencia gratuita" y "denigrante" y de no haberse ajustado a los criterios policiales sobre prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral. Según el juez, en algunos de esos puntos de votación, los mandos y agentes a su cargo habrían actuado al margen de tales criterios y utilizaron la fuerza física antes de proceder a la negociación y la intimidación de los congregados.
Las conclusiones del juez instructor se basan en las imágenes grabadas por los independentistas que tomaron los colegios siguiendo las instrucciones de los dirigentes políticos de la Generalidad. Al respecto y a modo de ejemplo, el juez Miralles asegura en su auto que en el Centro de Educación Infantil y Primaria Prosperitat "puede verse como tras la llegada de los agentes sólo se produce un breve encuentro verbal entre los agentes de policía y las personas congregadas, sin negociación ninguna ni advertencia que pueda ser oída por más personas que las que se encuentran en las primeras filas del grupo, procediéndose a los pocos segundos al uso de la fuerza, que en algunos casos resulta claramente innecesaria, teniendo en cuenta la presencia de personas de diversa índole entre la multitud, sin ninguna actitud agresiva y con personas de avanzada edad entre ellos".
Ancianos a modo de parapeto
Vuelve a quedar constancia de que los independentistas utilizaron a ancianos y en algunos casos hasta a niños a modo de parapeto frente a los policías que tenían orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la votación y requisar el material. Como es sabido, los Mossos d'Esquadra incumplieron de forma flagrante tal orden.
Otro de los puntos analizados por el juez es la Escola Mediterrània, afirmando en su auto que "a diferencia de otros colegios donde ocurrieron hechos similares, en este caso se observa cómo los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas".
Además, añade que "en el presente caso, en el video que engloba lo allí recogido, no puede apreciarse la proporcionalidad exigida en el actuar, en conjunto, de los agentes policiales, al no haber hecho ningún intento de información, advertencia, mediación o cualquier otro pertinente, como sí consta que se hizo en otros colegios el día de los hechos". También subraya "la necesidad de tratamiento médico en alguno de los lesionados".
El colectivo Irídia
El juez ha archivado las actuaciones contra otros 20 agentes al no apreciar en su actuación indicios de presuntos delitos. Hace tres años, la Fiscalía pidió el archivo de la causa para todos los procesados, salvo seis agentes. El colectivo Irídia, que es el que impulsó la causa y representa a la mayoría de los denunciantes, se ha congratulado del procesamiento de los 45 agentes. Tal colectivo fue fundado y presidido entre 2015 y 2017 por Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, el individuo que dejó en estado vegetativo a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona durante un desalojo en una fiesta okupa y que, tras salir en libertad, asesinó en Zaragoza al ciudadano Víctor Laínez por llevar unos tirantes con la bandera de España. El citado colectivo fue subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona durante el primer mandato de Ada Colau con más de cien mil euros.