El Colectivo Irídia es la organización que está detrás de la acusación en el caso de los 45 agentes del Cuerpo Nacional de Policía procesados en Barcelona por el titular del juzgado de instrucción número 7, Francisco Miralles. Entre los fundadores de tal entidad destaca Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, que fue condenado por dejar tetrapléjico al guardia urbano de Barcelona Juan José Salas y más recientemente por el asesinato en Zaragoza de Víctor Laínez, apaleado por Lanza por llevar unos tirantes con los colores de la bandera de España.
La entidad, presidida por la propia Huidobro entre 2015 y 2017, ha recibido cuantiosas subvenciones por parte de todas las administraciones públicas, aunque el principal patrocinador es el Ayuntamiento dirigido por Ada Colau, que ha regado a la entidad con más de 200.000 euros entre los años 2016 y 2022. Además, en 2016, Irídia fue contratada por el equipo de gobierno municipal que encabeza Colau y que le pagó 30.000 euros por sus "servicios jurídicos".
Pero el Ayuntamiento de Colau no es la única administración que sustenta financieramente a la entidad. La Generalidad, por ejemplo, aportó la nada desdeñable cantidad de 89.940 euros el año pasado. El Gobierno de socialistas y Unidas Podemos también ha realizado sus aportaciones. En 2018, por ejemplo, el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirigía el entonces vicepresidente Pablo Iglesias subvencionó a la organización con 142.155 euros. Ese mismo año, la Comisión Europea concedió Irídia 38.372 euros.
Las saneadas cuentas del "colectivo"
Además de las administraciones, Irídia se nutre también de fondos de entidades como Intermón Oxfam, que tiene suscrito un convenio mediante el que ingresa a la organización una media de diez mil euros anuales. También paga el Fondo de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura. Sólo el año pasado tal fondo depositó en la cuenta de Irídia 49.000 euros. Y en 2021, otros 44.000.
Dado que la entidad se define como una "asociación sin ánimo de lucro financiada por subvenciones y contrataciones de instituciones públicas, aportaciones y contrataciones de entidades sin ánimo de lucro y cuotas y donaciones", Irídia está obligada a hacer públicas sus fuentes de ingresos. En su propia web expone esas cantidades a través de unos cuidados gráficos.
El año pasado, el presupuesto de la entidad fue de 693.932,65 euros, desglosados en 392.557,87 de subvenciones públicas, 127.335,15 de subvenciones privadas, 53.903,53 por contrataciones de servicios, 50.000 en cuotas y 70.136,10 en el capítulo de donaciones. El presupuesto del ejercicio del año en curso prevé el ingreso de 493.300 euros en concepto de subvenciones públicas, 180.400 en cuanto a las privadas, 29.500 por contratación de servicios, 50.100 por donaciones, 62.000 por cuotas, 5.000 por taquilla (la entidad organiza un festival) y otros. En total, 820.300 euros.
Salarios
Según la propia página de la entidad, su equipo está formado por abogados, psicólogos, periodistas y politólogos, todos ellos con "experiencia en el ámbito de la protección de los derechos humanos". Además, dicen combinar "el trabajo técnico remunerado con el trabajo voluntario/activista". En ese sentido, el colectivo declara que "las retribuciones de los órganos de dirección y gerencia son de 32.977,08 € y 29.578,10 € anuales respectivamente (2023), con las pagas prorrateadas. Sin embargo, seguimos trabajando para tener una sostenibilidad económica que nos permita seguir mejorando las condiciones laborales de la entidad".
En el caso del procesamiento de los 45 policías nacionales, el juez apunta en su auto que todos los vídeos e imágenes utilizadas para actuar contra los agentes han sido recopiladas y presentadas por Irídia, que se encarga además de la asistencia letrada de los denunciantes. Irídia acostumbra a personarse en casi todos los casos judiciales en los que están implicados agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.