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Cinco activistas se querellan contra el supuesto policía infiltrado por abuso sexual y torturas

Sus abogadas denuncian que el consentimiento sexual estuvo "viciado" porque ignoraban que tras el joven ácrata se escondía un policía.

Sus abogadas denuncian que el consentimiento sexual estuvo "viciado" porque ignoraban que tras el joven ácrata se escondía un policía.
Protesta de la CUP contra Sánchez en Barcelona hace unos días. | Europa Press

Cinco de las ocho mujeres que se definen como "activistas" de movimientos sociales y el independentismo y mantuvieron relaciones "sexoafectivas" con un supuesto policía nacional han emprendido acciones legales. No solo le acusan de haberse infiltrado en esos movimientos haciéndose pasar por un anarquista partidario de la independencia de Cataluña, sino también de abusos sexuales continuados, y los delitos de tortura y contra la integridad moral, revelación de secretos y vulneración del ejercicio de los derechos cívicos.

Los partidos separatistas catalanes, más EH Bildu y el BNG, así como Unidas Podemos exigen explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que un medio digital afecto a okupas e independentistas asegurase que Interior había infiltrado a un agente de la Policía Nacional en grupos radicales del barrio barcelonés de Sant Andreu haciéndose pasar por un anarquista de Mallorca. El joven habría utilizado el nombre de Daniel Hernández Pons para sus supuestas tareas de espionaje. Se trata de los mismos apellidos que habría utilizado otro policía también infiltrado, siempre según la versión del antedicho digital, "directa.cat".

Daniel, Dani para sus examigos de "lucha", mantuvo relaciones con hasta ocho mujeres llegando a ejercer de pareja de un par de ellas hasta que desapareció del mapa aduciendo que le había salido un trabajo en Dinamarca. Con una de ellas llegó a intimar durante un año y hasta el punto de que le fue presentada su familia. Tras la denuncia de la presunta infiltración están el colectivo Irídia, que también se ocupa de la acusación contra los policías que frenaron el golpe de Estado de otoño de 2017, y el sindicato CGT, al que pertenece una de las denunciantes. La querella se dirige también contra el superior del policía y el ministerio del Interior, al que acusan como responsable civil subsidiario por haber ordenado la operación de infiltración en los movimientos sociales y separatistas catalanes.

El agente habría seducido a estas mujeres a fin de que le introdujeran en sus círculos y obtener así información sobre colectivos y activistas. Al respecto, la abogada Laia Serra ha asegurado tras formalizar la denuncia que "la práctica se produjo durante dos años y, por tanto, ha contado con el aval del Estado".

Consentimiento "viciado"

En cuanto a la cuestión del consentimiento, la letrada sostiene que "nunca puede haber consentimiento si no es un consentimiento que parta de la información previa y de la posibilidad de acceder o no. Además, en este caso, se trata de unas interacciones personales y sexuales que van más allá porque son con mujeres políticas, con mujeres politizadas que precisamente tienen un compromiso específico con los derechos de las mujeres, son militantes de los derechos de las mujeres y por tanto hay una transgresión más allá de la indemnidad física y sexual".

Otra de las letradas, Sònia Olivella, ha manifestado a las puertas de los juzgados que "constatamos que este agente y por tanto el Cuerpo Nacional de Policía y sus responsables jerárquicos y políticos han atentado directamente contra la integridad física, la integridad moral, la libertad sexual y la vida privada de estas querellantes y puede que de otras mujeres y activistas y lo han hecho precisamente por el hecho de ser mujeres, militantes y defensoras de los derechos humanos. Se han cruzado todas las líneas rojas.

Argumentos de la querella

La querella abunda también en que las operaciones de infiltración policial sólo están justificadas en casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. También se defiende la tesis de que el consentimiento sexual puede ser revocado en cualquier momento y depende de la información de que se disponga y de las circunstancias de la interacción sexual. "La información sobre la persona y sobre el tipo de práctica sexual son indiscernibles del consentimiento", señala el texto de la denuncia.

Las abogadas del colectivo Irídia y el sindicato CGT exigen que Interior informe sobre qué juzgado, por qué investigación y durante cuánto tiempo se autorizó la creación de una "identidad encubierta" y si dentro de las tareas del supuesto agente y la presunta infiltración "estaba previsto el mantenimiento de relaciones sexuales y afectivas".

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