El ministro Grande-Marlaska acaba de destituir al coronel de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Torresano. Lo ha destituido por defender un protocolo de protección para los agentes en la valla. Pero ni siquiera ha asumido la autoría de la decisión. El ministro ha ordenado la difusión del mensaje de que el cese responde a una "propuesta de la cadena de Mando interna de la Guardia Civil". Lo cierto es que se trata de un cese en toda regla y un aparcamiento de Torresano en la Jefatura de Enseñanza. Porque al Gobierno le molestaba su planteamiento frente a la inmigración ilegal.
La versión oficial de Interior asegura que el coronel Torresano ha sido "destinado" a otra plaza "por necesidades del servicio". El área es un auténtico aparcamiento: la Jefatura de Enseñanza, a la que acude en calidad de jefe de servicio.
Pero la versión del Gobierno de Pedro Sánchez y, por lo tanto, en primera persona, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es aún mas hiriente. Porque asegura que la "decisión ha sido propuesta por la cadena de Mando interna de la Guardia Civil a la Directora General del Cuerpo, María Gámez". Es decir, que según Grande-Marlaska, el mismo coronel que ha concitado el respaldo de la principal asociación de la Guardia Civil, Jucil, ha sido cesado por exigencia de la cúpula de ese mismo cuerpo.
El mensaje del Gobierno es rotundo: si no se hace lo deseado, se destituye sin problema. Hasta el punto de que el Ejecutivo ha comunicado ya la sustitución temporal del coronel por un subordinado, el Teniente coronel Arturo Ortega, "segundo en el escalafón", que "queda al mando de la Comandancia de Melilla hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo
coronel". Es decir, que el relevo no estaba preparado.
Otro cese encubierto según Jucil
Jucil ha salido al quite de esta decisión y ha señalado que "el coronel Torresano fue destinado el pasado mes de noviembre como jefe de la comandancia de Melilla tras la recomendación de la Junta de Valoración y a propuesta del Secretario de Estado de Seguridad. Tres meses después se le cesa, curiosamente a raíz de la petición de nuestro coronel a la Dirección General de que se active y formalice un protocolo de procedimientos de actuación en lo inherente a la protección de la valla con la pretensión de que se aplique la ley en los ataques violentos a los agentes de la Guardia Civil ya que los mismos pueden ser constitutivos de delito en su calidad de "Atentado a Agente de la Autoridad", así como el respaldo legal a los guardia civiles en servicio en la Valla de Melilla. Ni más ni menos que al igual que ocurre en cualquier parte del territorio nacional".
Para Jucil, el cese del coronel Torresano es "de nuevo, otro cese encubierto del actual Ejecutivo al igual que el caso del coronel Pérez De Los Cobos. A ambos se les cesa por hacer cumplir la Ley y trabajar en la mejora de la Seguridad Ciudadana". Jucil ha puntualizado que "como asociación representativa de miles de guardia civiles y mayoritaria en el Consejo del Cuerpo está siempre con la defensa del Estado de Derecho y los derechos socio laborales de los agentes, por eso denunciamos injerencias políticas que nada tienen que ver en la protección de los españoles y nuestra legislación".
La asociación reclama, en consecuencia, que la política quede "al margen de la seguridad, nuestros dirigentes están obligados a dotar a España de la mejor seguridad que podamos permitirnos como nación, algo que ha olvidado este Gobierno desde su llegada. No se puede permitir que se legisle por y para delincuentes y se castigue a honrados servidores públicos que solo quieren cumplir con su deber".
Lo cierto es que los ceses en la Guardia Civil no finalizaron con el corte de cabeza del coronel Pérez de los Cobos. El coronel de Melilla, Jesús Vicente Torresano, no ha durado ni tres meses en su cargo. Y ha sido cesado por defender la necesidad de un protocolo de protección de los agentes en la valla frente a las agresiones de los inmigrantes ilegales. El coronel llevó su defensa de los guardias ante la misma Dirección General de la Benemérita, pidiendo que se activase un protocolo de actuación de forma que los guardias civiles pudiesen actuar judicialmente contra las agresiones sufridas en su misión de protección de la frontera. El Gobierno ha decidido, justo en ese momento, que el coronel no es digno de confianza en un puesto como Melilla y ha optado por removerlo.