El culebrón del supuesto policía infiltrado entre las activistas separatistas continua. Ahora ERC ha decidido presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que compense a las independentistas radicales por unos pretendidos "daños emocionales" a causa de haber mantenido "relaciones sexoafectivas" con el policía "infiltrado" que, a estas alturas, tampoco se ha confirmado oficialmente que sea un agente de la Policía.
ERC ha pasado directamente a pedir dinero para las activistas que mantuvieron relaciones sexuales con un policía infiltrado en los grupos separatistas radicales, ERC señala que, tras el conocimiento de "la infiltración de otro agente del Cuerpo Nacional de Policía en los movimientos sociales de Barcelona, en paralelo a la infiltración del agente que utilizaba la falsa identidad de Marc Hernández Pons", es necesario que el Gobierno reaccione. Y que lo haga en el sentido de pagar a las supuestas afectadas.
ERC asegura que el "infiltrado" se presentaba "en el gimnasio del centro social okupado La Cinétika, en el Paseo de Fabra i Puig de Barcelona. Decía ser de Palma y se implicó rápidamente en la vida del barrio y en el movimiento libertario, ganándose así la confianza de su entorno". Según los separatistas, "a mediados del otoño de 2020, la infiltración de este segundo espía se había consolidado. Dani, graduado el 24 de junio de 2019 como funcionario de policía y que fue enviado en misión secreta a Barcelona, a los ojos de todos ya era un nuevo vecino y un activista más del barrio".
Los de ERC siguen explicando que "el agente encubierto logró el acceso a viviendas, centros sociales o ateneos –en algún caso llegando a tener copia de sus llaves–, en gran medida, mediante las relaciones sexoafectivas que estableció en entornos festivos y aplicación de citas OkCupid". Y, de ese modo, ocho mujeres "han intimado con el falso activista durante los últimos tres años, dos de ellas estableciendo con él una relación de pareja", añade ERC.
Los separatistas señalan que "el Ministerio del Interior aseguró durante el verano de 2022 que las actividades de infiltración denunciadas por la izquierda independentista y Òmnium por la vía judicial ‘ya habían cesado’. Ésta fue una de las razones esgrimidas por la Audiencia Nacional española para no iniciar ninguna investigación en relación con Marc Hernández, pero el caso de Daniel Hernández Pons lo desmiente".
Para los separatistas de ERC, en "el marco legal actual, este tipo de infiltraciones sólo pueden llevarse a cabo amparadas en una orden judicial, en supuestos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes". Y, por todo ello, ERC exige ahora una explicación del gobierno para que aclare los siguientes asuntos: "¿Confirma el Ministerio del Interior esta noticia? Y, en caso negativo, ¿cómo se explica que puedan suceder infiltraciones sin su consentimiento?". Es más, el partido de Oriol Junqueras, quiere que el Gobierno aclare: "¿Quién decidió esta actuación policial? ¿Qué día se aprobó esta actuación policial? ¿Cuántos infiltrados más reconoce el Ministerio en asociaciones y grupos del movimiento popular e independentista en Cataluña? ¿A qué organizaciones sociales y civiles implica? ¿Qué han hecho con la información obtenida a través de las infiltraciones? ¿Cuál era, concretamente, la misión de este agente infiltrado? Pero lo más llamativo de las exigencias de ERC es que en un determinado momento reclaman al Gobierno que pague a las activistas supuestamente afectadas. Así pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez lo siguiente: "¿Cómo piensa reparar los daños emocionales causados a las personas con las que mantuvo relaciones sexoafectivas el agente infiltrado?" Porque, según ERC, "esta práctica supone una práctica contraria a las políticas feministas que dice defender este gobierno".
Es más, ERC sospecha que podría haber sido el Ministerio del Interior quien hubiera formado "al agente infiltrado para tener relaciones sexoafectivas para obtener información". Y, directamente llega incluso a exigir "emprender acciones legales contra el agente infiltrado por llevar a cabo estas prácticas ilícitas".