Reacciones furibundas en el separatismo catalán tras la resolución del Tribunal Supremo que mantiene las penas de inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull al aplicarles el delito de malversación agravada. La decisión de la sala presidida por el magistrado Manuel Marchena ha causado un profundo impacto en el independentismo, pues aborta la posibilidad de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pueda presentarse a unas elecciones hasta 2031.
El propósito de ERC con la reforma del Código Penal pactada con socialistas y comunistas era provocar una amnistía por la vía de eliminar el delito de sedición y la modificación del delito de malversación, pero el Tribunal Supremo considera que a los condenados por malversación se les tiene que aplicar el tipo agravado, ya que la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017 se pagó con dinero público y según el TS había ánimo de lucro.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado a los jueces de "arbitrariedad" y de responder "a los deseos de la derecha más retrógrada". "Los jueces dejan en papel mojado la intención del legislador, el trabajo democrático realizado en las Cortes", ha añadido antes de acusar a los magistrados del Tribunal Supremo de "dar un golpe contra la democracia". "La justicia atenta contra el sistema democrático, contra la voluntad de las mayorías expresada en las cámaras parlamentarias", abundó.
Según Vilalta, "aplicar el Código Penal como si no hubiera habido ninguna modificación, manteniendo la interpretación de la malversación que introdujo el Partido Popular ad hoc para perseguir al independentismo, es una demostración más de todas las arbitrariedades que hemos sufrido y seguimos sufriendo".
Defensa de la reforma del Código Penal
La portavoz republicana ha defendido las bondades de la reforma del Código Penal, ha subrayado la desaparición del delito de sedición y ha anunciado que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional, pero ha mostrado su confianza en que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) quien revoque las condenas.
En parecida línea se ha manifestado el secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), el indultado Jordi Turull, a quien el Tribunal Supremo ha aplicado en la revisión de la sentencia el tipo agravado de malversación. En su opinión, "en España no hay separación de poderes, sino un cruce de poderes" y el TS "sigue haciendo de legislador, de opinador político y de justiciero". También ha acusado al Tribunal Supremo de ser quien decide "que política se puede hacer en Cataluña y quién puede hacerla". También ha hecho una loa a los tribunales europeos, donde, según Turull, "hay justicia en mayúsculas y no venganza". En cuanto a su caso particular, ha apuntado que le pueden inhabilitar de por vida pero que eso no afecta a su "compromiso para conseguir la independencia de Cataluña".
La chapuza de la malversación
La formación de Puigdemont, JxCat, alertó de las deficiencias de la negociación entre el Gobierno y ERC y descalificó desde el primer momento la reforma del Código Penal. Al respecto, el expresidente autonómico prófugo ha aprovechado la revisión del Tribunal Supremo para pasar cuentas con sus exsocios en una muestra de "apoyo" a Junqueras emitida en su cuenta de Twitter: "El Estado siempre se activa cuando alguno de ellos tiene la tentación de salir del guión, ya sea por un Estatuto, ya sea por un Código Penal. Si la injusticia persiste, nosotros también. A vuestro lado, Junquera, Turull, Romeva y Bassa".
Tanto en JxCat como en Unidas Podemos consideran que la reforma del delito de malversación ha sido una chapuza que abría la puerta para que los jueces mantuvieran las penas de inhabilitación. También censuraron, pero en menor medida, la sustitución de la sedición por el delito de desórdenes públicos, que es el que el Tribunal Supremo ha aplicado, sin consecuencias en materia de inhabilitación, para los exlíderes de las organizaciones Òmnium y Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
Consecuencias judiciales
La resolución del Tribunal Supremo tiene consecuencias también sobre quienes aún están pendientes de juicio, cargos de ERC como Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, a los que se acusa de malversación por los preparativos del referéndum ilegal, así como a una veintena de altos y exaltos cargos de la Generalidad. En aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, habrían incurrido en el tipo agravado de la malversación, lo que implica penas de cárcel. En cambio, Marta Rovira, secretaria general de ERC y fugada en Suiza, se beneficiaría de la reforma pues no está acusada de malversación, sino de rebelión y no es previsible que se le aplique un delito de desórdenes públicos agravados (el que sustituye a la sedición por el que fueron condenados sus compañeros) tras la decisión del Tribunal Supremo de considerar que tal cargo no es de aplicación para los políticos que perpetraron el golpe de 2017.
En cambio, su jefe, Oriol Junqueras, ve mermadas todas sus expectativas electorales hasta 2031. La decisión judicial supone, eso sí, un balón de oxígeno para el actual presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, designado por Junqueras como su sucesor temporal. La perspectiva de un retorno electoral del líder de ERC se desvanece, lo que abre el campo para Aragonès.