Un total de 88 asociaciones y organizaciones, algunas de ellas de fuera del territorio nacional, han mostrado su apoyo en las últimas horas a las querellas presentadas por cinco mujeres vinculadas a organizaciones de extrema izquierda e independentistas en Cataluña contra el supuesto policía -no ha sido ni confirmado ni desmentido por el Ministerio del Interior- que se habría infiltrado en estos grupos y habría mantenido ‘relaciones sexoafectivas’ sin decirles que era un policía.
En un comunicado conjunto que ha sido hecho público este jueves, estas organizaciones creen que es un caso basado en "la discriminación de género", al haberlas utilizado para sacarles información y "castigarlas por el hecho de ser una mujer vinculada a unos colectivos y luchas determinadas"; y plantean la posibilidad de que con esa supuesta actuación policial se "habrían vulnerado hasta cinco derechos fundamentales".
Se trata, según la argumentación de los líderes de estas organizaciones, de posibles vulneraciones de los derechos humanos de prohibición de la tortura y/o tratos inhumanos, la vida privada y familiar, la libertad de expresión y libertad de asociación y la prohibición de la discriminación, "al tratarse de una discriminación sexista". Consideran estos hechos son "innecesarios e injustificables en cualquier democracia" y ponen de manifiesto "la violencia policial e institucional sexualizada".
Durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el citado comunicado conjunto, algunos de los presentes han exigido al Gobierno central y al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, que "asuma responsabilidades ante la gravedad de los hechos", instando a que se inicie una investigación "independiente, exhaustiva y efectiva" para que se dilucido si el sospechoso de ser un agentes infiltrado lo era realmente.
Iru Moner, miembro de la Secretaria de Acción Social de la CGT en Cataluña, un sindicato que se presenta como acusación también en algunas de las querellas porque algunas de las mujeres que mantuvieron esas relaciones sexoafectivas militan en el mismo, ha denunciado que este tipo de operaciones "no van de prevenir delitos sino de tener fichas de los militantes y de controlar la disidencia".
La abogada de Irídia Anaïs Franquesa ha pedido al Gobierno "explicaciones y consecuencias" que, según ha considerado, deben pasar necesariamente por "la creación una comisión de investigación en el Congreso" y la dimisión de Marlaska. Ha dicho que el ministro del Interior "suma un historial de incidentes" importante en su hoja política de servicios, entre los que ha destacado la tragedia de Melilla o el supuesto espionaje al independentismo con el software Pegasus.
Cecilia de Armas, representante de la Organización Mundial Contra la Tortura, ha declarado que el uso de esta supuesta técnica policial dentro de los movimientos sociales es "una tendencia preocupante" y ha alertado del posible "efecto disuasorio" que puede causar en la participación ciudadana "por miedo a verse perseguidos".