Hace poco más de tres años que un exultante Pedro Sánchez recibía a sus 22 elegidos para celebrar el primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición, previo desfile por los jardines de Moncloa, como si de una pasarela de mises se tratase y siguiendo una coreografía perfectamente estudiada.
Estos tres años han sido suficientes para mostrar que no estaban preparados a la hora de hacer frente a situaciones complicadas, como una pandemia o una guerra. Se podría decir que todos los países tuvieron dificultades para hacer frente a la pandemia, algo que es cierto, como también lo es que la gestión que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez fue de las peores de entre los países desarrollados. O que una guerra como la de Ucrania también ha creado dificultades no previstas. Pero lo que ha quedado claro es que el primer gobierno de coalición de la democracia se ha especializado en la chapuza, tanto de gestión como legislativa, algo llamativo teniendo en cuenta la presencia de varios jueces en el Consejo de Ministros.
Podemos citar muchas chapuzas no legislativas de este Gobierno PSOE-Podemos. Entre las más recientes, lo ocurrido con la renovación de 21 trenes de la red de Cercanías de Cantabria, que va a retrasarse dos o tres años por un fallo en las dimensiones que impiden que quepan en los túneles de la región, una situación realmente propia de una película de Berlanga. O la publicitada revalorización de las pensiones según la inflación media del 8,5% sin tener en cuenta a los 2,17 millones de pensionistas —los que menos cobran y que por ello perciben un complemento de mínimos—, cuya subida será exactamente de cero euros, un verdadero timo. O las absurdas, esperpénticas y costosísimas campañas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, como la del verano de 2022 contra la gordofobia y por la "diversidad corporal" en la que utilizaron fotos de modelos que no habían dado su autorización y que, además, fueron manipuladas.
Dejando de lado estas actuaciones, haremos un repaso de los mayores bodrios legislativos perpetrados por un Ejecutivo que fue diseñado para el relato, el postureo y la propaganda —empezando por la promoción constante de la imagen del propio presidente—, pero que, a la hora de la verdad, va de chapuza en chapuza.
¿Desjudicializar el procés?
Si una pandemia o una guerra son circunstancias sobrevenidas y complejas de gestionar que justificaría un escrutinio menos crítico y más condescendiente con el Gobierno de turno, no ocurre lo mismo con otras decisiones tomadas a conciencia y, en muchos casos, traicionando las promesas que se hicieron en campaña electoral. Es el caso de todo lo relacionado con el golpe de Estado del 1-O. Porque el Sánchez de 2018 defendía que lo que ocurrió en Cataluña en 2017 era una rebelión, dijo que prohibiría los referéndums ilegales y que traería a Puigdemont para que fuese juzgado —¿de quién depende la Fiscalía?—. Pero el Sánchez en el Gobierno, acuciado por la aritmética parlamentaria, dio un giro radical a su política: empezó por indultar a los golpistas del procés y continuó con una de las grandes chapuzas legislativas de la legislatura: reformar el Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación con el objetivo, decían, de desjudicializar el procés.
Sin embargo, el auto del Tribunal Supremo de esta semana da un varapalo al Gobierno pues mantiene la inhabilitación para Junqueras y demás condenados por malversación, deja pendiente de entrar en prisión por ese delito a otros implicados en el golpe del 1-O y, para colmo, señala que el Estado se ha quedado sin instrumentos para frenar declaraciones de independencia.
El auto del Supremo es el retrato de la peculiar forma de legislar del Gobierno: no ha conseguido su objetivo de desjudicializar el procés, deja inerme al Estado ante situaciones similares a las de 2017 y, además, está por ver que el abaratamiento de la malversación no suponga un beneficio para políticos condenados por este delito. El tiro por la culata, literalmente, y un auténtico estropicio, por más que los voceros del Gobierno digan ahora que el auto del Supremo da la razón al Gobierno y se la quita a la derecha y la ultraderecha.
Ley del ‘sólo sí es sí’
Quizás el mayor bodrio que ha perpetrado este Gobierno autodenominado feminista es el de la Ley de Libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí. Viniendo del Ministerio donde trabaja Ángela Rodríguez Pam, abanderada de la diarrea legislativa, podíamos temernos lo peor. Y nuestras expectativas no se han visto defraudadas.
La ley, aunque impulsada por Irene Montero, fue asumida, como no podía ser de otra forma, por el presidente y todo el Consejo de Ministros. Incluso Sánchez llegó a afirmar que sería un ejemplo para otros países y ha dicho sentirse "orgulloso" de su ministra de Igualdad.
Apenas cuatro meses después de entrar en vigor, las excarcelaciones y rebajas de penas a agresores sexuales, violadores y pederastas (en torno a unos 900 según datos provisionales del CGPJ), la consiguiente alarma social y el previsible coste electoral, han llevado a Sánchez a dar un golpe de timón, ordenando revertir la reforma con una proposición de ley —sin acuerdo con Podemos— con la que pretende volver a algo muy parecido a lo que ya existía o a lo que propuso el PP en noviembre. Los negativos efectos de esta ley, que son irreversibles, podrían empeorar si alguno de los beneficiados reincidiera. Con un apunte más: el mismo Sánchez que lleva quejándose de que el PP no arrima el hombro, hace ascos a ese mismo PP que se ofrece a apoyar la reversión de la ley del sólo sí es sí.
Ley de Protección de la Infancia
Recientemente hemos conocido otra chapuza legislativa que afecta a la conocida como Ley Rhodes, proyecto estrella de Pablo Iglesias cuando ejercía como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales. Como adelantó Infolibre, existe un error en la ley que deja abierta a dos posibles interpretaciones sobre en qué momento empieza a contar el plazo de prescripción de los delitos contra la libertad que afectan a menores de edad: cuando la víctima cumple 18 años o cuando cumple 35. Una laguna que afecta a la nueva redacción del artículo 132 del Código Penal.
Afortunadamente, en este caso la chapuza es subsanable y el error se va a corregir de forma inmediata. Fuentes del departamento que ahora encabeza Ione Belarra han señalado que corregirán la errata para que no exista confusión sobre los plazos de prescripción. El inspirador de la norma, el pianista James Rhodes, ha declarado a Europa Press que el error debería haberse "arreglado hace meses".
Reforma y contrarreforma del CGPJ
Pedro Sánchez no ha dudado en ningún momento en retorcer las leyes a su antojo, si esas leyes suponen un obstáculo para sus objetivos. El caso es que necesitaba un viraje progresista en el Tribunal Constitucional que avalase la producción legislativa del Gobierno y facilitase en un futuro las nuevas exigencias de los independentistas cuando, como han dicho por activa y por pasiva, lo "vuelvan a hacer".
El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era uno de esos obstáculos que había que remover. Para ello Sánchez se sacó dos leyes de la manga con las que presionar al PP y a los propios jueces. La primera, la Ley orgánica 4/2021 que impide a un CGPJ en funciones renovar los cargos necesarios para el normal funcionamiento de los tribunales.
El problema vino cuando el Gobierno se dio cuenta de que su propia ley acabaría bloqueando también la renovación de cargos del Tribunal Constitucional, necesaria para consumar el viraje progresista que exigían sus socios de ERC y Bildu.
Ante esta disyuntiva, el Gobierno sorprendía en junio de 2022 con una nueva ley que establecía una excepción a la 4/2021. El CGPJ en funciones seguiría sin poder hacer nombramientos, salvo los que más interesaban al Ejecutivo: los relativos al Tribunal Constitucional. Si la ley es un obstáculo, se modifica sin ningún tipo de miramiento. Es el modus operandi de Sánchez.
Los "agujeros negros" de la Ley Trans
En este resumen de las chapuzas más groseras del Gobierno de coalición, el pasado jueves se aprobó definitivamente en el Congreso la Ley Trans, un día después de que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunciase su dimisión como consecuencia, entre otras cosas, del escándalo provocado por la Ley de Reforma de Reconocimiento de Género de Escocia aprobada el 22 de diciembre de 2022.
En este caso, y dado que ha sido aprobada esta misma semana, hablamos de "agujeros negros" porque las consecuencias de la misma todavía, aunque predecibles, no se han producido. Pero a tenor de la experiencia de otros países de nuestro entorno los expertos auguran que en España se producirán los mismos efectos perniciosos, muchos de ellos irreversibles, como cuenta Sandra León en Libertad Digital.
Por lo que al tema de las cárceles se refiere, es una incógnita qué sucederá en nuestro país con los presos transexuales. "La última instrucción que tenemos es del año 2006 y, sinceramente, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, pero desde luego que, con la ley en la mano, debería ser el preso el que decidiera si quiere ir a una cárcel de mujeres o de hombres, en función de lo que sienta en ese momento", aseguran a Libertad Digital fuentes sindicales de prisiones.
Además, la ley Trans aprobada el jueves no contempla ninguna sanción específica para los casos en que una declaración de cambio de sexo en el registro sea un fraude para la que, además, no exigen ningún tipo de requisito. Fuentes jurídicas y fiscales señalan que con la regulación aprobada es imposible perseguir penalmente si alguien se autodetermina hombre o mujer de forma fraudulenta, porque en la voluntad del legislador está el dar libertad absoluta para determinar el género.
En ambos casos (presos transexuales y fraude en la autodeterminación de género) los efectos de la perniciosa ley de Irene Montero, que está pletórica tras su aprobación, se verán relativamente pronto, como ha ocurrido en otros países. En cuanto a los menores que decidan transicionar al amparo de la nueva ley, se tardará más tiempo en ver esas efectos atroces en los menores, pero no hay duda de que los veremos, como ya ha ocurrido en otros países.