"Alegación 8. […] Solicitud de aclaración: se generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual", señala unos de los informes elaborados hace más de dos años por Gobiernos regionales socialistas, en este caso el de Castilla La Mancha, y remitidos al Ministerio de Igualdad. La explicación del mismo informe era rotunda: "Como consecuencia de esa modificación y en aplicación del Código Penal que establece el principio de retroactividad para aquellas reformas legales que beneficien al reo, se verían reducidas las penas de todos aquellos condenados hasta la fecha por agresión sexual".
Tal cual lo ocurrido después de que Pedro Sánchez afirmara que era una ley que garantizaba "derechos" y ponía a España en la "vanguardia" del feminismo. El informe fue enviado al Gobierno del mismo Sánchez. Fue debatido por las propias filas socialistas. Todo ello desde el 25 de julio de 2020. Y dos años después, como si nada, tanto el Gobierno de España en pleno como los representantes socialistas en el Parlamento respaldaban sin fisuras la ley que ha excarcelado ya a más de 50 violadores, abusadores y pederastas y que ha rebajado más de 500 penas por los mismos delitos. Los mismos diputados, por ejemplo, del PSOE de Castilla La Mancha, votaron a favor de esa ley sabiendo lo que implicaba.
El texto de ese informe ha sido ahora remitido al PP de Castilla La Mancha tras solicitarlo a la Cámara regional. "En contestación a sus peticiones de documentación, se adjunta el informe que se realizó desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para uso interno de la Consejera y fue el que se debatió en la reunión del día 3 de noviembre de 2020 y que, posteriormente, como le dijo la Consejera de Igualdad y Portavoz a la Ministra de Igualdad, se le remitió a su jefa de Gabinete", señala la contestación recibida por los populares de parte de las Cortes regionales -ahora que ya la solución es más que deficitaria-. "Además, adjuntamos el escrito de alegaciones a la Ley de Libertad Sexual elaborado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el que se remitió por los canales habituales al Ministerio de Igualdad el día 25 de julio de 2020", añade la respuesta remitida al PP que encabeza Francisco Núñez.
El texto del informe y de alegaciones es todo una colección de argumentos para no haber votado nunca a favor de la ley del "Sólo sí es sí". El informe señala que "la ley no recoge quién es la Administración pública que debe financiar los servicios [de información y asesoramiento especializado], ni tampoco recoge compromiso de aportación/financiación por parte de la Administración General del Estado". Que el mismo problema surge con la financiación de "los centros de crisis 24h y de recuperación integral en el largo plazo" porque es "necesario que exista el compromiso de financiación de los mismos por parte de la Administración General del Estado". Y que "además, la eliminación de la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, ha supuesto que gran parte de los delitos tipificados en el Código Penal relativos a la violencia sexual hayan visto disminuidas sus penas".
El informe no escatimaba en pruebas de ese efecto: "Por ejemplo, el 179 del Código Penal regula que: Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la prisión de cuatro a doce años (anteriormente la pena era de 6 a 12 años)". Más adelante, el informe advierte de nuevos fallos, en este caso, sobre los "servicios de atención especializada a niñas y niños víctimas de violencias sexuales": "¿Cómo se pretende poner en marcha este servicio? ¿Cómo se concibe este tipo de servicios? ¿De qué manera está prevista su financiación?", destaca el estudio. Y "lo mismo ocurre con los servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual: servicios que comprenden, al menos, asistencia psicológica, atención jurídica y asesoramiento social en su propio idioma?".
El informe alertaba igualmente de que algunas de las "ayudas son incompatibles con la RAI [renta activa de inserción]". Y que "la regulación de las ayudas económicas para víctimas de violencias sexuales plantea dos tipos de problemas en comparación con las ayudas para víctimas de violencia de género reconocidas por la Ley 1/2004 (generando un agravio comparativo entre víctimas): 1- Que la concesión de ayudas a víctimas de violencias sexuales no está supeditada a las especiales dificultades para obtener un empleo de la mujer víctima [.]… 2- Que estas ayudas son compatibles con otras ayudas del Estado como la RAI, y el IMV, situación que no se produce para las ayudas sociales derivadas de la Ley 1/2004, por esa condición de baja empleabilidad de las mujeres víctimas". Y, además, "el artículo 48 que habla de la información y acompañamiento en el ámbito judicial no establece nada sobre los Juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer".
Pero sobre todo destaca en el informe una alegación final: "Solicitud de aclaración: se generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual. Como consecuencia de esa modificación y en aplicación del Código Penal que establece el principio de retroactividad para aquellas reformas legales que beneficien al reo, se verían reducidas las penas de todos aquellos condenados hasta la fecha por agresión sexual". Pese a todo ello, los diputados de Emiliano García-Page votaron a favor de una ley que ha cumplido con lo advertido: efectivamente ha rebajado de forma masiva las penas y excarcelado a más de 50 violadores y abusadores sexuales.