El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano ha acordado "iniciar" la fiscalización del reparto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos de la UE, 14 meses después de recibir el primer pago de las instituciones europeas.
LD denunció la semana pasada que el tribunal quiere evitar fiscalizar la actuación de Ejecutivo en un informe hasta la Presidencia de Sánchez. España recibió los primeros fondos de la UE a finales del 2021 y en los próximos días alcanzará una cifra cercana a los 40.000 millones de euros, tras el último pago de 7.000 millones. Precisamente, la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha visitado esta semana nuestro país para analizar la implementación de dichos fondos.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que este jueves "Chicano ha incluido en el orden del día dos puntos referentes a la fiscalización de los fondos europeos repartidos por el Gobierno". Concretamente, una "propuesta de acuerdo de inicio de la fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gasto del Plan de -Recuperación, Transformación y Resiliencia relativos al área de gasto 2 actuaciones de protección y promoción social’, previstos en los Presupuestos -generales del Estado para el año 2022".
También una segunda "propuesta de acuerdo de inicio de la fiscalización de las actuaciones de las Comunidades Autónomas para cumplir los objetivos del Programa para la Digitalización del Sistema Educativo fijados para 2023 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el Pleno del tribunal ha aprobado ambos acuerdos por unanimidad y que ningún consejero, a propuesta del PP o del PSOE, ha efectuado observación alguna a la tardanza en la inclusión en el orden del día del inicio de la fiscalización en profundidad del reparto del Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos de la UE".
"Aunque el Tribunal de Cuentas haya ordenado iniciar hoy la fiscalización del reparto de los fondos de la UE por parte del Ejecutivo, el informe puede demorarse durante muchos meses, incluso superar el año. No tiene ningún sentido que la fiscalización en profundidad de los fondos no se haya iniciado antes", añaden.
Precisamente, el Tribunal de Cuentas Europeo denunció recientemente la falta de claridad del Ejecutivo español en las reformas del Plan de Recuperación y Resiliencia. Los auditores europeos reclamaron entonces a la Comisión Europea y al Gobierno de España un calendario para subsanar errores y lagunas detectados en relación los puntos relacionados con la transparencia.
Hasta el momento, el tribunal que preside Enriqueta Chicano se había limitando a enviar cuestionarios a las administraciones e instituciones del Estado, como los Ministerios, para que explicaran su organización interna para distribuir los fondos de la UE sin profundizar más. El Programa anual de fiscalizaciones del año pasado ya incluía 4 de estos trabajos previos de fiscalización sobre fondos de recuperación y para este año se han proyectado otros 6. "Hasta los dos acuerdos aprobados hoy en el Pleno, el tribunal no ha proyectado ninguna fiscalización relevante de los fondos europeos", añaden.
En dichos trabajos previos, el Tribunal de Cuentas no estaba fiscalizando los criterios de adjudicación de los fondos europeos, ni supervisando la ejecución de las inversiones o el propio reparto del dinero. La inacción de Chicano para fiscalizar al Gobierno de Sánchez por el reparto de los fondos de la UE ha provocado una gran indignación en el seno del tribunal.
El "macrodepartamento" controlado por el PSOE
Tal y como desveló este diario, Enriqueta Chicano creó un macrodepartamento de Presidencia de Fiscalización que dirige su mano derecha, Dolores Genaro, para concentrar el poder y "poner el tribunal al servicio del PSOE". Precisamente, este departamento es el encargado de fiscalizar el reparto del fondos de la UE.
Dicho macrodepartamento de Genaro se ocupaba en teoría de fiscalizar la distribución de los citados fondos directos del Gobierno a empresas u otras entidades, así como el reparto del dinero europeo del Ejecutivo a las Comunidades Autónomas, y a los Ayuntamientos de toda España.
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