"Cumbre" en Barcelona entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès, quienes mantuvieron el pasado jueves una larga reunión con asuntos sobre la mesa tales como el mantenimiento de la inhabilitación de Oriol Junqueras o el escrito de la Fiscalía Superior de Cataluña que acusa a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó (exaltos cargos de la consejería de Economía que dirigía Junqueras en 2017) de malversación agravada por considerarlos los "arquitectos" del referéndum ilegal del 1-O.
La reunión no constaba en las agendas de ninguno de los dos políticos y su celebración ha sido filtrada este viernes al diario "La Vanguardia", que habla de ambiente de "normalidad institucional" entre el Gobierno y el Govern, así como de la ruptura de la "política de bloques" en Cataluña tras el acuerdo entre socialistas y republicanos sobre los presupuestos autonómicos.
El apoyo del PSC a ERC garantiza a los de Aragonès y Junqueras la conclusión de la legislatura mientras que los republicanos mantienen su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de los tropiezos judiciales tras la reforma del Código Penal con la eliminación del delito de sedición y los cambios en el de malversación. Precisamente ese fue uno de los puntos de la agenda oculta entre Bolaños y Aragonès.
ERC ha evitado cargar las tintas contra el Gobierno y acusa a los jueces de hacer política, de mantener una "causa general" contra el independentismo y de desatender los cambios introducidos por republicanos y socialistas en el Código Penal.
"Diálogo" con otro formato
Descartadas nuevas reuniones de la llamada "mesa de diálogo" antes de la celebración de las elecciones autonómicas en buena parte de España y de las municipales, el nuevo formato de los encuentros entre gobiernos pasa por la fórmula de las reuniones secretas/discretas y el tono bajo. En ERC alegan que no renuncian a una amnistía completa y, sobre todo, a un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, pero han rebajado el tono en público para centrarse en la "vía del diálogo y la negociación".
Los jueces y fiscales tanto del Tribunal Supremo como los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son el objetivo prioritario de las críticas de los dirigentes y portavoces republicanos.