La Ley Trans continúa su camino legislativo. El texto normativo que prevé, entre otras medidas, la libre determinación de género, fue aprobada en primera instancia el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados. Dos meses después, superó el siguiente trámite, el del Senado. Y la pasada semana vio la luz verde definitiva en la Cámara Baja. Su entrada en vigor está a expensas de su publicación "en próximos días" en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El articulado de la misma ha provocado dudas en el seno de la Policía Nacional. Así se desprende de un escrito remitido en los últimos días por el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre los comisarios principales, comisarios, inspectores jefes, inspectores y subinspectores del cuerpo, al presidente del Consejo de la Policía, que es el ministro del Interior (Fernando Grande Marlaska), pero que suele delegar en el director general de la Policía (Francisco Pardo Piqueras).
En el mismo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, y en el que en ningún momento se hacen valoraciones de contenido político sobre la aprobación de la ley, si no que es exclusivamente técnico y circunscrito a la labor policial, centran sus dudas en cómo deben realizarse los cacheos personales o en qué calabozos deben permanecer los detenidos que han cambiado de sexo pero no han tenido una transición corporal o qué va a pasar con las pruebas físicas de acceso al cuerpo.
Hasta ahora, muchas de estas situaciones se solucionaban de sentido común y de mutuo acuerdo con las personas Trans, pero la entrada en vigor de una ley que aumenta los derechos de este colectivo, y mete en la ecuación la libre determinación de género sin cambios físicos, abre la posibilidad a que si no existen protocolos estrictos a la hora de operar algunas de estas personas vean mermados sus derechos, a la vez que los policías se encontrarían trabajando sin suficiente respaldo jurídico.
Respecto a los cacheos, el SPP recuerda que están legislados actualmente por el artículo 20.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana y por la Instrucción de la Secretaría de Estado 12/2007, que establecen, entre otras cosas, que los registros corporales se deben practicar por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se vaya a practicar este tipo de diligencia y siempre con el "máximo respeto a la identidad sexual", especialmente en el caso de transexuales.
"Es perentorio conocer si se va a emitir un protocolo de registros corporales o cacheos sobre las personas Trans, o aquellos hombres que cambien registralmente en base a lo dispuesto en el artículo 39 de la futura ley, conservando su apariencia y atributos masculinos, y cuándo un funcionario varón o mujer, puede y debe cachear a un ciudadano con una clara apariencia física y biológica contraria al sexo del funcionario actuante, pero que a tenor de la ley aprobada, considere que se siente con un género diferente al suyo", plantea el sindicato policial.
"La cuestión es compleja pues la casuística es más variada: transexuales operados, no operados, operados en parte o en proceso de reasignación, y eso sin entrar a considerar a las personas transgénero que no tienen una identidad de género definida, o a aquellos hombres que simplemente por convencimiento, sentimiento o mera picaresca modifiquen su sexo en el registro civil sin iniciar transición alguna y conservando sus atributos y aspecto plenamente masculino", continúan.
El tema de la custodia en calabozos también es importante. El SPP pregunta cómo se debe actuar en el caso de que personas que han cambiado de sexo sin cambiar de atributos físicos o que, en el momento del arresto, han cambiado solo parcialmente sus atributos. Vuelven a pedir un protocolo para que tanto los mandos como los agentes que realizan su trabajo no se enfrenten a situaciones de inseguridad jurídica que pudieran suponerles perjuicios jurídicos.
"No es menos importante, a tenor de la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba la actualización del Protocolo de actuación en la áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su anexo 2e, nos gustaría saber en qué tipo de celdas se van a ingresar a estas personas Trans, y sus diferentes casuísticas como se ha mencionado en el párrafo anterior", continúa la misiva al presidente del Consejo de la Policía.
El sindicato policial pide asimismo que se proceda a la elaboración de un protocolo o normativa que establezca cómo debe afectar la nueva ley a las pruebas de acceso al cuerpo policial, ya que los aspirantes deben enfrentarse a pruebas físicas para aprobar la oposición y las mismas tienen diferentes marcas o, incluso, diferentes tipos de pruebas, en función si el candidato a policía es un hombre o es una mujer.
"Podemos encontrarnos ante disfunciones que ya se vienen dando en el deporte internacional, ya que aquellos que se acojan al cambio de sexo registral de la forma establecida en la ley, deberían realizar las pruebas previstas para mujeres, con el consiguiente detrimento de derechos y oportunidades de aquellas opositoras que nacieron como mujeres", alerta el sindicato policial.
Por último, se pide aclarar cómo deben afectar estos cambios legales a los protocolos actuales de violencia de género y violencia intrafamiliar. "Cuando una mujer trans, o un hombre/varón ha solicitado cambiar de género al sentirse mujer, y agrede a su esposa, pareja, expareja o persona con la que mantenga una análoga relación sentimental, ¿se encontrarían los funcionarios actuantes ante un delito de violencia machista o estamos ante un delito de violencia intrafamiliar", se preguntan.