El Gobierno peruano confirmó este pasado viernes 24 de febrero que España había suspendido las exportaciones de material antidisturbios al país. "Efectivamente, sí, España ha decidido no vender material [gas] lacrimógeno a la Policía Nacional", afirmó el ministro del Interior peruano, Vicente Romero, en una rueda de prensa. La disculpa oficial del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar este envío habría sido una petición de Amnistía Internacional (AI), asociación que había solicitado en varias ocasiones al Gobierno español que suspendiera las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú "como medida cautelar". Pero lo cierto es que, más allá de las ganas de Amnistía Internacional, Podemos o del propio PSOE, ERC exigió hace un mes y por escrito a Sánchez que bloqueara el material que necesita Perú para defender la democracia de los golpistas de Castillo y sus ataques en las calles.
Libertad Digital reproduce hoy el documento registrado el 25 de enero en el Congreso de los Diputados en el que ERC pedía a Pedro Sánchez abiertamente que frenara el envío de material antidisturbios necesario para que la Policía de Perú pueda contener a los golpistas de Pedro Castillo.
Castillo lanzó un golpe de estado el pasado 7 de diciembre y pretendió disolver el Congreso para asumir todo el poder como dictador del país. El Legislativo se disponía en esos momentos a discutir en sesión el proceso de destitución presidencial planteado conforme a la legislación y reglamento de la Cámara legislativa de Perú. Y, justo antes de esa sesión, Castillo lanzó un mensaje en el que anunció el cierre del Congreso y la asunción de plenos poderes, todo ello, obviamente, en contra de la Constitución y la legislación peruana.
En su mensaje, Castillo no ocultó su propósito y admitió que había tomado la decisión de "disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional". El suyo, claro está, con plenos poderes.
La reacción en España de ERC no se hizo esperar demasiado: el 25 de enero registró su escrito solicitando al Gobierno de España dejar sin material antidisturbios al Gobierno constitucional y democrático de Perú: "Desde la detención de Pedro Castillo a finales del pasado año, Perú ha vivido una sucesión de movilizaciones en la calle, desestabilización política y, sobre todo, actuaciones desproporcionadas de las fuerzas de seguridad y del ejército", señaló en su documento ERC.
Los de Gabriel Rufián y Oriol Junqueras aludían ya al famoso informe de "Amnistía Internacional, así como de otras organizaciones de la sociedad civil". "Amnistía Internacional, pone el acento sobre las estrechas relaciones comerciales de armamento entre el Estado español y Perú, existiendo "un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal", según declara el director de Amnistía, Esteban Beltrán", afirmó ERC. Y, por ello, ERC exigió explicaciones formales al Gobierno de Sánchez por la autorización de "las exportaciones de armas españolas". ERC requería una aclaración formal sobre los siguientes aspectos: "¿El Gobierno continuará exportando armas al Perú? En caso afirmativo, ¿en qué se basa para hacerlo? En caso negativo, ¿cuál es la justificación para ignorar a las organizaciones de derechos humanos que, como Amnistía Internacional, han solicitado la suspensión de la venta de armas al Perú?" Y reiteraba: "¿Dejará el Gobierno de vender armas, material letal y antidisturbios a Perú mientras no se adopten las propuestas de las preguntas anteriores, como mínimo, en lo que se refiere a la aplicación de medidas reforzadas de mitigación del riesgo que recoge el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado en 2020 por el propio Gobierno?"
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