El caso Mediador o caso Tito Berni ha llamado hasta ahora la atención por las fiestas con prostitutas y droga de los implicados. Pero la Guardia Civil ha recabado mucha más información que la estrictamente relacionada con el hasta hace unos días diputado socialista, Tito Berni (Juan Bernardo Fuentes), y su grupo de hasta 15 diputados del PSOE que acudían a sus citas. La Policía Judicial ha recabado información de los contactos de la trama del Tito Berni con una fundación oficial del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata, en concreto, de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIlAPP). Una entidad que se presenta con el logo del Gobierno de España y que contaba, según sus cuentas de 2019 —las últimas que figuran en su página de transparencia— con unos activos totales de 232,64 millones de euros.
La Guardia Civil ha puesto su lupa en los contactos de la trama del Tito Berni con una entidad directamente vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez. "Requerimiento de documentación a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIlAPP)". Así se recoge en la documentación judicial a la que ha tenido acceso Libertad Digital y que figura remitida al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife el pasado 8 de febrero. La explicación de la Guardia Civil no deja lugar a dudas: "La presente investigación presenta una complejidad, habida cuenta la posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública, que requiere el minucioso estudio de la documentación asociada a cada uno de los expedientes de pago y/o contratación existentes".
Y la petición de investigación de los guardias añade que solicita al Juzgado esta diligencia de control "para que libre mandamiento dirigido a la Excma. Sra. Directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, a fin de que disponga lo necesario para que al personal del Servicio de Asuntos Internos de la Dirección General de la Guardia Civil le sean entregados in situ y sin más demora que la debidamente justificada, cuantos documentos originales, o en su caso, en copia obren (bien en formato papel, bien digital) relativos a los expedientes completos citados, incluyéndose composición de las Mesas de Contratación y sus respectivas actas, así como cualquier otro documento vinculado al proceso de contratación". Traducido: la Guardia Civil quiere conocer el grado de supuesta vinculación de esta fundación oficial del Gobierno de Pedro Sánchez al caso del Tito Berni.
El control reclamado por la policía judicial es amplio: "Con el objetivo de identificar los teléfonos utilizados por funcionarios y cargos públicos de esa Administración, se solicita que se aporte un listado con los números de teléfono asignados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Políticas y Públicas a todos los miembros participantes en los referidos expedientes, concretamente, fechas de 01/01/2020 a 01/09/2021". Y se solicita, igualmente, que, "en el caso de haberse producido cambios en los usuarios de esos números de teléfono asignados durante el marco temporal especificado, se detallen los cambios efectuados informando tanto de los números y usuarios actuales como los números y usuarios de teléfonos asignados con anterioridad".
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) es una fundación del sector público estatal y forma parte del sistema público de la Cooperación Española y Europea. "Su fin fundacional es la mejora del marco institucional y del funcionamiento de los sistemas públicos en los países en los que trabaja", señala su documentación oficial.
"La FIIAPP promueve, orienta y gestiona la participación de las instituciones, Administraciones públicas y sus organismos en programas y proyectos de cooperación e intercambio de experiencias con un enfoque de todo gobierno, impulsando así su internacionalización y contribuyendo a la mejora del posicionamiento global de España", añaden los datos de la fundación.
La actuación de la FIIAPP "se enmarca en la acción exterior del Estado y de la Unión Europea. Implica a las instituciones en la agenda de cooperación internacional y moviliza al personal del sector público para compartir su conocimiento y experiencias, contribuyendo a la reforma de políticas públicas en beneficio de las personas y el planeta", aclara la FIIAPP.
Lo hace "complementando el conocimiento técnico de las Administraciones con la orientación hacia resultados de desarrollo, impulsando el marco común global de la Agenda 2030 y los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] tanto en las políticas de los países socios como en las Administraciones participantes a través del aprendizaje entre pares. Esta cooperación técnica pública es un eje sistémico de los ODS y un motor para fomentar políticas públicas sostenibles e inclusivas". Pero, sobre todo, lo hace con unos activos de 232,64 millones de euros, según sus propias cuentas de 2019; con unos gastos de personal de 16,36 millones; y unos gastos de la actividad (además de los laborales) de 41,91 millones anuales.
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