La presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, y su abogado Gonzalo Boye han protagonizado con sus intervenciones finales la última sesión del juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) cuando la dirigente separatista era su directora, entre 2013 y 2017.
Boye ha insistido en varias ocasiones en que los jueces han cambiado el "a por ellos" contra los líderes independentistas por un "a por ella" contra su clienta. Sostiene que se han vulnerado su derecho a la defensa por el acuerdo de la fiscalía anticorrupción con los otros dos encausados, Isaías Herrero, el informático al que se le adjudicaron 18 contratos menores por un importe total de 335.000 euros, y el funcionario del ILC Andreu Pujol, cuyos testimonios incriminan a Borràs en el fraccionamiento de contratos y otras irregularidades.
Boye y los letrados de Herrero y Pujol habían acordado una estrategia conjunta de defensa que saltó por los aires pocos días antes del comienzo de la vista y eso, según Boye, causó indefensión a Borràs. El letrado ha advertido al tribunal, que preside el presidente del TJSC, Jesús María Barrientos, de que si la sentencia no es absolutoria el caso acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se asistirá, ha dicho, al "caso Borràs Castanyer contra el Reino de España".
El abogado de Borràs ha tratado de desacreditar la obtención de pruebas por parte de la policía judicial, papel que ejercieron primero los Mossos y después la Guardia Civil al afirmar que se ha pasado de la patada en la puerta a la patada al servidor y ha señalado también que "es una falta de respeto decirle a Borràs que ha causado un perjuicio a la ciudadanía".
Discurso escrito
Borràs, por su parte, ha ejercido su derecho a la última palabra con un discurso de casi un cuarto de hora que llevaba escrito. La intención era remarcar el hecho de que se considera víctima de un caso de "lawfare", que ella forma parte de un "grupo objetivamente identificable" (en alusión a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las euroórdenes contra Puigdemont).
La dirigente independentista ha cargado también contra ERC y el PSC por haberla suspendido de funciones como presidenta del parlamento catalán, ha reprochado que estos partidos ejercieron de jueces y la condenaron antes del juicio y ha clamado por su inocencia asegurando que lo único que hizo en la ILC fue "modernizar una institución de la república catalana". También ha remarcado que sea cual sea la sentencia "no renunciaré nunca a la independencia de Cataluña".
La fiscal anticorrupción, Teresa Duerto, ha justificado la reducción en las peticiones de pena para los otros dos acusados por su reconocimiento de los hechos, que ha calificado de "vulneración rotunda y patente de las normas de contratación para beneficiar a un único empresario" y ha censurado que Borràs haya tratado de desviar todas las responsabilidades hacia los trabajadores de la ILC cuando la que tomaba las decisiones era ella.
El juicio ha quedado visto para sentencia con una petición de pena para Borràs de 6 años de prisión, 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.