La consejería de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalidad catalana ha presentado este miércoles la nueva ley de "memoria democrática", un texto que incluye "el estudio de la memoria en los currículos educativos" a partir de los 6 años y hasta el final del Bachillerato y la Formación Profesional. El "estudio" se incluirá también en la formación para adultos y para el personal de las administraciones. Según ha declarado la consejera Gemma Ubasart, "en este momento de cambio generacional, en el que muchas personas no han sufrido la Guerra Civil ni el franquismo, es imprescindible introducir la memoria democrática en los currículums educativos como elemento de refuerzo de las garantías de no-repetición".
En materia de adoctrinamiento, la intención es que la ley ofrezca "herramientas pedagógicas y de formación de los docentes y otros profesionales de la administración pública" para "fomentar los valores de la paz, de la tolerancia, de la consolidación y mejoras de la calidad democrática y de respeto a los derechos humanos", según reza la notificación del gobierno catalán.
La "formación" en "memoria democrática" a partir de los 6 años que anuncia la Generalidad no dependerá en exclusiva de la consejería de Justicia ni de la de Educación. Está por decidir si los nuevos contenidos formarán parte de una nueva asignatura o de forma "transversal", es decir, fraccionado en diversas asignaturas ya existentes.
La república española, no la de los ocho segundos
Del anteproyecto destaca también la intención de conmemorar el día de la proclamación de la Segunda República, que se celebrará con el título de "Día de la Proclamación de la República del 14 de abril", no la de Puigdemont y Junqueras, así como el de la constitución de la Asamblea de Cataluña (una plataforma unitaria del antifranquismo), el 7 de noviembre. Respecto al 14 de abril, Ubasart ha asegurado que "es importante porque lo consideramos el antecedente del marco democrático actual". En cuanto al día de la Asamblea de Cataluña, la consejera ha resaltado el carácter unitario de aquella iniciativa de 1971 que a su juicio demuestra que los "grandes consensos hacen avanzar al país", en alusión indirecta al proceso independentista.
La nueva ley obligará a retirar los símbolos del franquismo del espacio público en un plazo máximo de dos años, para lo cual se actualizará el censo de monumentos franquistas y se perseguirá el enaltecimiento del franquismo con multas que irán de 2.000 a 150.000 euros aplicables en casos de exaltación individual o colectiva del "golpe de Estado de 1936" o de la personas, tanto físicas como jurídicas u organizaciones, especifica el texto, que colaboraron con la dictadura.
Esta ley, explica el comunicado del gobierno catalán, "faculta a la Generalidad para ejercer la acción popular en los procedimientos penales por delitos de lesa humanidad, delitos contra la vida y delitos contra la integridad física o moral de hechos cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura franquista".
El anteproyecto de ley será aprobado por el gobierno autonómico el próximo martes y enviado a su tramitación parlamentaria. Se trata de una fusión de las normas autonómicas relativas a la "memoria democrática". En palabras de la consejera Ubasart, se trata de un "nuevo paradigma" en la legislación sobre la materia que responde a los criterios de las leyes más avanzadas de Europa.
Esclavismo y colonialismo
Con la nueva ley se refundirán en un solo texto la "Ley del Memorial Democrático (2007)", la "Ley de Fosas (2009) y la "Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo (2017)" y se extenderá a nuevos ámbitos, como el esclavismo o el colonialismo. Según el comunicado de la Generalidad, "se trata de una política con objetivos de presente, basados en la erradicación del racismo institucional y de la discriminación por motivos étnicos, raciales o culturales. Esta perspectiva posibilita utilizar la memoria como herramienta para construir una democracia de más calidad. Con este reconocimiento nos situamos a la altura de las experiencias de vanguardia europeas".
La perspectiva de género
Para acabar, la Generalidad se vanagloria porque "la ley dispone que el Gobierno debe incluir la perspectiva de género en las políticas de memoria. El objetivo es reivindicar el papel de las mujeres como sujetos activos de la historia en clave republicana y antifranquista, más allá de su condición de víctimas, también, de la represión". "El texto -añade, incorpora en todas las disposiciones la mirada feminista".