En pleno escándalo del caso Mediador o Tito Berni, del caso Azud, del caso Subvenciones o del caso Acuamed. En plena visita a España de una misión del Parlamento Europeo por la falta de control y entrega de las ayudas europeas al covid. En medio de todo ello, llega una exigencia de la UE a la mesa de Pedro Sánchez: la de que hay que endurecer la lucha contra la corrupción. Y llega, además, meses después de que el Gobierno del PSOE y Podemos hayan rebajado las penas por malversación. Todo un ejemplo de coordinación con las políticas de la UE.
Bruselas ha señalado en una comunicación que "los eurodiputados están pidiendo más reformas, basándose en las anunciadas por la Conferencia de Presidentes, y exigen que se establezca rápidamente un órgano de ética independiente de la UE".
Y es que el Parlamento ha impulsado recientemente dos resoluciones en materia de "transparencia e integridad en la toma de decisiones de la UE" que afectan directamente a la lucha contra la corrupción.
Tolerancia cero contra la corrupción
Bruselas considera que "siguiendo con las medidas solicitadas por el Parlamento en diciembre de 2022 y acogiendo con beneplácito la reciente decisión del presidente y los líderes de los grupos políticos del Parlamento como un primer paso necesario, los eurodiputados han reiterado que debe albergarse cero tolerancia con la corrupción en cualquier forma y a cualquier nivel e insisten en que el Parlamento debe mostrar unidad inequívoca y una resolución inquebrantable" en esta materia.
La UE ha enumerado las áreas en las que se necesitan mejoras y las ha explicado en el contexto de su propia Cámara. Pero es más que posible que ampliadas a las Cámaras o Gobiernos nacionales no guarden gran relación con el espíritu de las últimas reformas aprobadas en materia de malversación por Pedro Sánchez.
La UE pide "una mejor aplicación del Código de Conducta, incluidas las sanciones financieras en caso de infracciones, la introducción de más actividades sancionables y la prohibición de cualquier actividad remunerada que pudiera crear un conflicto de intereses con el mandato de un eurodiputado"; también "un mecanismo de aprobación de los viajes pagados por terceros países y una investigación adicional para los asistentes de los eurodiputados y el personal del Parlamento que trabaja en áreas de política sensibles, en particular en asuntos exteriores, seguridad y defensa"; y, además, "declaraciones de activos de los eurodiputados al principio y al final de cada mandato y recursos adecuados para el Registro de Transparencia y una obligación para los eurodiputados, pero también para su personal y empleados del Parlamento, de declarar reuniones de trabajo con diplomáticos de terceros países, donde tendrían "un papel activo y una influencia clara e inmediata" en el trabajo del Parlamento". La UE reclama igualmente que "las normas internas estén alineadas con la Directiva de Denunciantes"; y que "las medidas adoptadas con respecto a los representantes de Qatar se extiendan a las de Marruecos".
Control de las ONG
La UE exige igualmente un mayor control de las ONG: "El Parlamento observa que las ONG supuestamente se han utilizado como vectores de interferencia extranjera, e insta a una revisión de las regulaciones existentes para mejorar la transparencia sobre su gobernanza, presupuesto, influencia extranjera y personas de control significativo". Bruselas subraya que las ONG que reciben dinero procedente de los actores que no tienen que inscribirse en el Registro de Transparencia (por ejemplo, terceros países) también deben revelar las fuentes de su financiación", y solicita que si esta información no se divulga, no reciban dinero público de la UE.
Y la UE reclama también una "preselección financiera integral antes de que una ONG aparezca en el registro de transparencia de la UE, que se publique cualquier acuerdo contractual con la Comisión y una definición clara de qué ONG pueden registrarse y son elegibles para recibir financiación de la UE".
Todo ello llega tras los propios escándalos del Parlamento Europeo. Pero también en medio de una creciente ola de corrupción en España.
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