La Ley Trans recoge infinidad de nuevas exigencias y de sanciones por "transfobia". Los primeros que tendrán que adaptar su funcionamiento día a día a esta ley son los propios empleados públicos. Los funcionarios de prisiones ya han pedido protocolos claros para saber cómo actuar. Y ahora lo hace el gran sindicato de empleados públicos, CSIF, para todos los cuerpos de la Administración y, en especial, para los funcionarios de los registros civiles.
CSIF ha reclamado ya a Justicia "instrucciones claras para que los registros civiles apliquen de manera correcta la Ley Trans". Los registros civiles "están recibiendo ya las primeras peticiones, pero no están preparados para atenderlas: los trabajadores del Registro aún no han recibido formularios, protocolos, ni formación", señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Administración de Justicia.
Este sindicato ha reclamado urgentemente al departamento de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que facilite a los empleados de los registros civiles "instrucciones claras para aplicar de manera correcta la Ley para la Igualdad de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI, conocida como Ley Trans. Esta ley, aprobada por el Parlamento el pasado 16 de febrero, regula por primera vez la autodeterminación de género". Y, a menos de 24 horas de que empiece a regir la norma -este pasado miércoles-, "los registros ya han empezado a recibir las primeras consultas de ciudadanos interesados en rectificar la mención a su sexo, pese a que las plantillas del Registro Civil aún no han recibido las instrucciones oportunas, los formularios, ni la formación necesaria para que, en aplicación de la Ley Trans, asistan de manera correcta a las personas que acudan para modificar la anotación de su sexo", denuncian desde CSIF.
"La variación del sexo recogida por la Ley Trans es técnicamente compleja a efectos de Registro y concede al empleado público una participación activa atendiendo las demandas de información y las consecuencias jurídicas", recuerdan desde el sindicato.
Según la norma, una vez recibida la solicitud, "la persona encargada del Registro Civil debe atender a la persona disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En esta comparecencia, el trabajador del Registro Civil debe informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación". Y CSIF aclara que, en medio de todo ello, en los registros civiles no se ha facilitado ningún protocolo de actuación para los propios empleados públicos.
"En el plazo de tres meses se debe volver a citar a la persona para que ratifique su solicitud "aseverando la persistencia de su decisión", comprobar la documentación y dictar resolución. Además, en el caso de personas con discapacidad se deben garantizar los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, así como medidas de accesibilidad", añade CSIF. Y no ha habido ninguna formación ni especificación de instrucciones concretas de actuación para los empleados de los registros.
En este sentido, el sindicato presidido por Miguel Borra añade que "el plazo de un año que establece la ley para el desarrollo reglamentario es demasiado tiempo".
La queja se suma a todo un largo listado de denuncias de comportamientos de la Administración de Pedro Sánchez que CSIF ha ido haciendo públicas por la falta de protocolos, ausencia de medios de protección (por ejemplo, durante la pandemia o en las prisiones), personal, incumplimientos de promesas salariales, ataques a MUFACE, etc. Una serie de denuncias que ha tenido su última plasmación en la huelga de letrados de la Administración de la Justicia y que ha tensado el clima entre los funcionarios y el Gobierno del PSOE y Podemos.