Al margen de las fiestas con prostitutas y droga de los implicados, la Guardia Civil investiga los posibles contactos de la trama del Tito Berni con una fundación del Gobierno de Pedro Sánchez, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en cuyo patronato se encuentran la vicepresidenta Nadia Calviño, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Justicia, Pilar Llop.
La pista que sigue la Guardia Civil es la coincidencia de una serie de contratos públicos de esta fundación en un lugar muy concreto de materialización: el Sahel, justo el área en el que operaba el general retirado de la Guardia Civil implicado en la trama y al que el Tito Berni conocía bajo el sobrenombre de Papá.
La Fundación Internacional para Iberoamérica es una entidad que contaba, según sus cuentas de 2019 —las últimas que figuran en su página de transparencia— con unos activos totales de 232,64 millones de euros. En su patronato figuran la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, además de 14 secretarios de Estado y diversos directores del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Traducido: la fundación recoge a una más que amplia representación del Gobierno del PSOE y Podemos, y es que allí se encuentra hasta la polémica secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam, gran defensora de la ley del sólo sí es sí y conocida por formar parte del viaje de la cuchipanda a Nueva York en Falcon y con presencia directa de Irene Montero.
Espinosa Navas, ‘Papá’
La Guardia Civil ha detectado cuatro contratos de esta fundación por más de dos millones de euros cuya zona de actuación es el Sahel, justo el área de operatividad del general de la Guardia Civil ahora retirado, Francisco Espinosa Navas. Este general, conocido internamente en la trama como el Papá se llegó a reunir en un despacho en la Dirección General del Instituto Armado en Madrid con el denominado Mediador, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, donde hablaron, por ejemplo, de buscar la fórmula para que los empresarios que supuestamente pagaban comisiones contrataran a su amante, a la que llamaban con el alias chocho volador.
La Guardia Civil sospecha que este general podría haber negociado una comisión por una operación en Mozambique y la jueza aprecia indicios de cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.
El General Espinosa operaba de forma habitual en África por motivo de sus destinos en el Cuerpo. De hecho, los delitos que se investigan se habrían producido durante los años 2020 y 2021, en los que el general estaba asignado proyecto GAR SI Sahel: un programa de formación de agentes de los países de ese zona. De hecho, en esa etapa estaba adscrito a una misión de la Unión Europa, por lo que no dependía de la estructura de la Guardia Civil.
Espinosa estuvo también en Algeciras y más tarde fue jefe de la Comandancia de Las Palmas.
Y los contratos de la Fundación Iberoamericana investigados por la Guardia Civil corresponden al mismo área, al del Sahel. Y el objeto de los contratos era: "Suministro de equipamiento para el proyecto GAR SI SAHEL MAURITANIA". Es decir, el área de influencia del general.
La Guardia Civil ha pedido ya capacidad para acceder a un largo listado de información sobre una serie de contratos públicos de esta fundación y de las personas implicadas.
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