Los casos de corrupción vuelven a la actualidad informativa. Centrado todo fundamentalmente en el caso Mediador, que tiene como principal protagonista al exparlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados Juan Bernardo Fuentes Curbelo -conocido en la trama como Tito Berni-, también ha destacado una operación policial desarrollado en Cantabria, donde se ha registrado la consejería autonómica de Obras Públicas y se han producido varias detenciones.
En ambos casos los investigadores policiales continúan trabajando, bajo supervisión judicial, para tratar de conocer los máximos datos posibles sobre dos estructuras posiblemente delictivas que se habrían aprovechado de la posición de sus miembros en gobiernos y administración para sacar rédito económico personal. Dos casos independientes que ya tienen a algunos de sus protagonistas en la cárcel para evitar la posible destrucción de pruebas o tal vez la fuga de los investigados.
Lo que sí tienen en común estos dos casos es que en ambas ha habido cargos públicos ocupados por dirigentes del PSOE que han tomado decisiones que han podido o pueden dificultar seriamente la labor de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en las investigaciones.
En el caso de Fuentes Curbelo, el Congreso de los Diputados, que preside la socialista Maritxel Batet, permitió que el exparlamentario, que fue detenido solo seis días después de que el PSOE le convenciese para abandonar su escaño, comprase a la institución el teléfono móvil y la tableta digital de la que hacía uso y se fuese con ellos. Todo eso pese a que la dimisión se debía a supuestos casos de corrupción para los que habría usado las propias instalaciones de la Cámara Baja.
Esa decisión del Congreso de los Diputados, pues, podría dificultar seriamente la labor policial debido a que podría haber retrasado enormemente el acceso de las Fuerzas de Seguridad a estos sistemas electrónicos, o incluso impedido el acceso a los mismos, que podrían tener información relevante. Sí ha quedado, está todavía por ver de qué modo y con qué contenido, el ordenador de sobremesa que utilizaba Tito Berni en la Cámara Baja.
En el caso de Cantabria, lo que está en tela de juicio es la actuación de la delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, Ainoa Quiñones Montellano (nuera del presidente del CIS, José Félix Tezanos), que según relató el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, le habría llamado minutos antes de la entrada policial en las instalaciones de la Consejería autonómica de Obras Públicas para darle un chivatazo sobre el mismo.
Un hecho que ha sido negado categóricamente por Quiñones. Y es que esta decisión, teniendo en cuenta que el propio Revilla reconoció que también llamó inmediatamente para dar a conocer la operación al consejero, antes también de que se produjese la entrada policial en la Consejería, pudo terminar desembocando en que si el chivatazo hubiese llegado a alguno de los imputados le hubiese permitido destruir algún tipo de prueba antes de la llegada policial.