Los registros en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria podría tener recorrido más allá de la operación policial en sí. El PP ha exigido este martes que se aclare el supuesto chivatazo que habría recibido el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, sobre la operación policial que cristalizó con el registro a las dependencias autonómicas por un caso de irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras.
La portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha pedido en las últimas horas que o bien el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o bien el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, o bien la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones Montellano (nuera del presidente del CIS, José Félix Tezanos) expliquen si es real la delación que asegura haber recibido el presidente de Cantabria.
"O miente la delegada o miente el presidente de Cantabria, pero los cántabros no se merecen que les mientan. Esto es de máxima gravedad y se necesitan explicaciones", ha dicho Gamarra en rueda de prensa en la Cámara Baja.
Exactamente, Miguel Ángel Revilla, compareció ante los medios de comunicación ayer lunes y desveló, no se sabe si consciente o inconscientemente, un soplo policial. "A las 7.20 estaba afeitándome y sonó el teléfono. Era la delegada del Gobierno en Cantabria que me comunicaba que a las 7.30 iban a entrar en la consejería de Obras Públicas policías e inspectores fiscales ante un caso de corrupción muy grave, donde había detenidos", explicó.
"Habían encontrado dinero en el domicilio de una persona de la consejería, y que me lo comunicaba para que tuviera conocimiento. Inmediatamente llamé al consejero, José Luis Gochicoa, que no sabía absolutamente nada. Le dije, ‘pues apresúrate, llega a la consejería cuanto antes, mira a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ponte a disposición de las personas que con orden judicial estén llegando allí e infórmame inmediatamente", prosiguió el presidente cántabro.
En contraposición, Ainoa Quiñones Montellano, negó que hubiese llevado a cabo un chivatazo de una operación policial antes de que se hubiese llevado a cabo y mantuvo en declaraciones a los medios de comunicación que la llamada se produjo a las 7.40 horas, cuando la Conserjería estaba ya "totalmente custodia desde hacía mucho tiempo por la Policía Nacional" y habían comenzado ya los mencionados registros policiales.
Ciudadanos también pide explicaciones
Ciudadanos ha llevado este caso al Congreso, en su caso solicitando la comparecencia de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la propia Quiñones. Además, ha registrado preguntas escritas para que el Gobierno explique si tenía conocimiento de que se iba a producir el registro y por qué fuente.
En caso negativo, los 'naranjas' se interesan sobre por qué Quiñones sí conocía esta información, si el Ejecutivo piensa tomar medidas contra ella por el presunto chivatazo y si piensa llevar a cabo algún tipo de investigación para depurar responsabilidades ante "la clara violación del secreto de sumario".