No habrá reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pese a ser una apuesta compartida por los dos partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Podemos- e, incluso, una de las grandes promesas electorales de los líderes que presentaron a las elecciones generales de 2019 -Pedro Sánchez y Pablo Iglesias-, la realidad es que la ley que apodaron desde la izquierda y la extrema izquierda como la Ley Mordaza va a superar los cuatro años de Gobierno de coalición.
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el dictamen que habían conseguido medio pactar entre los dos partidos del Gobierno y sus habituales socios en la Cámara Baja. Un dictamen que los socios del Gobierno querían seguir limando en la comisión, pero que el PSOE ha querido votar ya para llevarla cuanto antes al Pleno con el objetivo de que su posible aprobación no incidiera en el periodo electoral.
La realidad es que PSOE, Podemos, ERC, EH Bildu o Junts habían llegado a un acuerdo para hacer cambios sustanciales que eliminaban la obligación de avisar de la convocatoria de manifestaciones, dificultaba el cacheo de sospechosos en la calle, asociaba las multas por disturbios a los ingresos del implicado, dejaba sin sanciones la supuesta resistencia pacífica u obligaba a los agentes a devolver al punto inicial al sospechoso que llevaban a comisaría o a la comandancia para su identificación.
Pero el problema es que han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre cuatro puntos clave. El primero esta relacionado con el uso legítimo de la fuerza que pueden emplear las Fuerzas de Seguridad para acabar con los disturbios. Todos los grupos afines al Gobierno querían prohibir el uso de pelotas de goma, pero el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y el PSOE se han resistido hasta el final.
Otros dos puntos clave en el que no hay acuerdo entre los partidarios de modificar la ley tienen que ver con la gestión y las posibles multas relacionadas con las faltas de respecto a la autoridad (a los agentes de Policía que están realizando su trabajo) y la desobediencia a los mismos. Dos hechos que son importantes para los partidos que basan buena parte de su agitación política en manifestaciones que suelen tener disturbios tras las mismas.
El último gran punto de fricción son los rechazos en frontera, conocidas también por la izquierda y la extrema izquierda como devoluciones en caliente, un sistema que está avalado por los tribunales europeos. Todos lo han criticado abiertamente, incluso el PSOE cuando estaba en la oposición, pero desde que los socialistas están en el Palacio de la Moncloa han empleado este sistema en el Ministerio del Interior de manera habitual.
El PSOE se lo ha jugado todo al mercadeo de enmiendas a última hora en la Comisión de Interior y el acuerdo se sabía desde hace más de una semana que iba a ser imposible. De hecho, ERC y EH Bildu lo han dejado claro desde el principio: "Es una reforma light y edulcorada". Tras esto, han votado en contra y han acabado con cualquier posibilidad de modificación. La reforma de la norma no irá a pleno y la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 sigue en vigor hasta nuevo aviso.