Profundo malestar en las asociaciones a favor de la educación especial, discapacidad y dependencia tras el respaldo del Tribunal Constitucional a la Lomloe, conocida popularmente como la ley Celaá. Algo que, como ya ha publicado Libertad Digital, es un intento del organismo que preside Cándido Conde Pupido de blanquear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
El pleno del alto tribunal se ha pronunciado sobre el recurso planteado por Vox en 2021 en contra de la octava ley educativa en democracia –hay otro presentado por el Partido Popular–. Ambos sostienen que esta ley representa un ataque a la libertad a las familias a elegir centro educativo –discriminando a la red concertada–, y la acusan de no garantizar la enseñanza del castellano en autonomías con lengua cooficial.
Otra de las cuestiones en liza es la previsión de la Lomloe de que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios adecuados para escolarizar a los niños con discapacidad, un artículo que Vox pedía suprimir para respetar la opción de los padres a matricular a sus hijos en centros de educación especial.
El Constitucional también ha avalado la prohibición de la ley Celaá a que los centros privados que reciben fondos públicos puedan seguir separando por sexo o que las administraciones cedan suelo público gratis para la construcción de centros privados/concertados.
La misma ley elimina el criterio de demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público, con lo que los concertados no pueden abrir nuevos centros o aumentar las plazas en los existentes, un aspecto que también cuestiona los dos recursos de inconstitucionalidad.
Efectos adversos para los menores
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial han lamentado que el Alto Tribunal desoiga las voces de familias que encuentran en la Educación Especial la educación más inclusiva para sus hijos, al obtener de estos centros mayores garantías para el bien superior del menor.
En un comunicado señalan que "como no puede ser de otra manera, CEDDD y ANCEE acatarán la sentencia del Alto Tribunal. No obstante, advierten que la norma tendrá efectos adversos para los estudiantes con discapacidad que se tengan que integrar a la fuerza en la educación ordinaria, por la limitada capacidad de esta última para dar respuesta a las necesidades de este alumnado y asegurar su bienestar".
Y lo justifican diciendo que, "tal y como se expuso en la jornada "Bullying y discapacidad en la escuela" en el Senado, al menos el 80% de estudiantes con discapacidad ha sufrido acoso y el 27,5% es objeto de burlas constantes. Este porcentaje puede superar el 90% en los centros de educación ordinaria, mientras que en los educación especial no llega al 3%".
En el manifiesto por el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, elaborado por CEDDD y ANCEE, advierten de que la "Lomloe quita la potestad a la familia para elegir la educación del menor con discapacidad y se la da a un profesional, al establecer que será esta figura la que evalúe y valore qué tipo de centro le corresponde al menor".
Y, por lo tanto, censuran que la norma "vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de la Constitución española, que garantiza el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se reconoce el derecho preferente de los padres para escoger el tipo de educación que desean para sus hijos".
Y también se quejan del "hecho irrefutable de que nadie mejor que los padres puede garantizar el interés superior del menor, titular último de todos los derechos fundamentales, consiguiendo una educación adaptada a sus necesidades académicas, afectivas y sociales".