La política de dispersión de terroristas de ETA fue puesta en marcha en 1989, hace 34 años, por el Gobierno de Felipe González. El objetivo era dificultar el control de los presos de la organización terrorista que hacían estructuras etarras ilegalizadas como Gestoras Pro Amnistía o Askatasuna, para que ninguno dejase la ortodoxia en prisión. Este viernes ha pasado casi a la historia con el último acercamiento aprobado por el Ministerio del Interior.
La Dirección General de Víctimas del Terrorismo, que depende del departamento de Fernando Grande Marlaska, ha notificado en las últimas horas a las principales asociaciones de víctimas del terrorismo el traslado de cinco de los siete etarras que quedaban todavía en prisiones ajenas al País Vasco o Navarra a centros penitenciarios que se encuentran dentro en estas dos comunidades autónomas. El pacto con EH Bildu de presos por apoyo parlamentario se cierra.
"El Gobierno de Pedro Sánchez ya puede afirmar que es el responsable del acercamiento a cárceles del País Vasco y Navarra del 100% de los presos de ETA. El responsable de haber generado un dolor infinito e innecesario. El responsable de que un número más que considerable de víctimas del terrorismo haya tenido que retomar el tratamiento psicológico que tras mucho esfuerzo, ya había conseguido dejar atrás", ha denunciado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
"Todo este plan de acercar al 100% de los etarras estaba fríamente orquestado y planeado desde hace cinco años, tal y como llevamos advirtiendo todo este tiempo, a pesar de que el ministro del Interior nos lo negó mirándonos a los ojos. Un ministro, que si no quiere seguir en política, puede marcharse porque ya ha acometido lo que le habían encargado: acercar a todos los terroristas asesinos cerca de sus casas. Mañana puede dimitir, señor Marlaska", añaden desde la asociación.
Los últimos presos etarras que verán mejorada su situación penitenciaria sin colaborar con la justicia ni pedir perdón a sus víctimas son Irantzu Gallastegui Sodupe (una de las asesinas de Miguel Ángel Blanco y pareja del sanguinario Francisco Javier García Gaztelu Txapote), Gregorio Escudero Balerdi, Asier Borrero Toribio, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea y Faustino Marcos Álvarez.
Irantzu Gallastegui Sodupe. De la cárcel de Estremera (Madrid VI) a una prisión del País Vasco. Fue condenada a 30 años de prisión por la preparación del atentado que costó la vida de Fernando Múgica Herzog. Fue condenada a 50 años de cárcel como autora del atentado que asesinó a Miguel Ángel Blanco Garrido. En 2009 fue condenada a 46 años por el asesinato de José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga.
Gregorio Escudero Balerdi. De la prisión de Dueñas (Palencia) a una cárcel del País Vasco. En 2004, la Audiencia Nacional le condenó a 25 años de cárcel como cooperador necesario del atentado que acabó con la vida de Juan Priede Pérez. Fue condenado en 2006 a 42 años de prisión por facilitar la información para asesinar a José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga.
Asier Borrero Toribio. Del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) a una cárcel del País Vasco. Cumple una condena de seis años de prisión por la fabricación de un barril bomba que colocó en Gecho que fue localizado por la Ertzaintza antes de que detonara. En Francia ya cumplió condena por pertenencia a organización criminal. En España sólo tiene pendiente los seis años por un delito de tenencia, fabricación y colocación de explosivos con finalidad terrorista.
Garikoitz Etxeberria Goikoetxea. De la cárcel de Dueñas (Palencia) a una prisión del País Vasco. En 2009 fue condenado a 27 años y nueve meses de prisión por pertenencia a organización terrorista y por los delitos de transporte y depósito de sustancias explosivas, fabricación de aparato explosivo, falsificación de placas de matrícula y de documentos oficiales y de tenencia ilícita de armas.
Faustino Marcos Álvarez. De la prisión de Daroca (Zaragoza) a una cárcel del País Vasco. Fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales con finalidad terrorista, por tenencia de armas y por delito de pertenencia de banda armada. Poco antes de ser detenido en 2010, pretendió instalar un laboratorio de explosivos en el sur de Francia.