El nuevo ministro de Industria es Héctor Gómez. Del PSOE canario y plenamente implantado en la política de esa comunidad autónoma. Se bautizó en el Ayuntamiento de Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife) y se consagró en las elecciones autonómicas de 2015 como diputado en el Parlamento de Canarias. En 2019, y de la mano de su amigo Pedro Sánchez, saltó al Congreso de los Diputados como cabeza de lista por Tenerife. Y pronto –de 2021 a 2022– fue ascendido a portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Todo ello pasaba mientras otro diputado canario, Juan Bernardo Fuentes, el 'Tito Berni', operaba ya desde su despacho del Congreso, según la investigación del caso Mediador. Y Gómez, como portavoz socialista, tuvo en sus manos un texto que podría haber expulsado, o al menos controlado y limitado, las visitas de los acompañantes del Tito Berni por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esa reforma quedó aletargada por decisión del propio partido de Hector Gómez. Él salió del cargo de portavoz y ahora es premiado como ministro de Industria.
Los argumentos del PSOE para explicar la penetración en el Congreso del grupo del Tito Berni han refrescado la memoria en el Parlamento. Y es que hace bien poco, algunos diputados de ese mismo partido decidieron impulsar una reforma para controlar lo que ahora su partido al completo dice que no se ha controlado.
El plan era controlar las actividades extraparlamentarias de los diputados pero con influencia en su vida legislativa o política. Lo que se traduce en evitar que el hasta hace nada disputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, el 'Tito Berni', tal y como lo denominaba la trama del caso Mediador, pudiese convertir su despacho en un ir y venir de empresarios buscando un atajo a sus influencias, un contrato que no merecían o la paralización de una sanción o un expediente que sí merecían.
Regular las visitas a diputados
Pues bien, hace ya años que el Congreso empezó a trabajar en una reforma de su reglamento para delimitar estas prácticas de evidente componente corrupto. Desde octubre de 2020 es verdad que existe un Código de Conducta de las Cortes Generales que reclama transparencia en este tipo de visitas y paseos por las Cortes, pero lo cierto es que, pese a ser, teóricamente de obligado cumplimiento, los diputados y grupos parlamentarios han hecho caso omiso ante la falta de organismo y mecanismos de supervisión y sanción. Y por ello, precisamente, es por lo que una proposición de reforma del propio Grupo Socialista vio la luz en mayo de 2021: una proposición que pretendía regular esas visitas a diputados.
Héctor Gómez heredó la proposición. Y la impulsó desde su llegada como portavoz del Grupo Socialista: pretendía definir lo que se consideraba como un lobby en el Congreso y limitar las relaciones de los diputados con estos grupos de interés. El texto se elaboró de una manera amplia. Tanto, que la presencia de los empresarios de la trama del Tito Berni caía dentro de su definición y mecanismo de control. No era obra de Gómez el redactado, pero sí la defensa. Y, a partir de ahí, porque el PSOE quiso, el texto pasó al cajón del olvido. Donde sigue a fecha de ahora.
El texto en cuestión señalaba que "en los últimos años se ha hecho patente un creciente interés por parte de los diferentes sectores de la sociedad en influir en la toma de decisiones de las administraciones públicas. Este fenómeno debe ser entendido como algo saludable, fruto de una mayor voluntad de participación en los asuntos públicos tal y como ésta se concibe en el artículo 23 de la Constitución". Pero, "esa creciente relevancia no se ha visto acompañada por una actualización de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito estatal, vacío que ha sido parcialmente cubierto por diversas regulaciones autonómicas. Los grupos de interés y las personas, tanto físicas como jurídicas, que actúan en su representación continúan moviéndose en un espacio normativamente gris, carente de una regulación específica y sin que exista un catálogo de obligaciones claras que permitan conciliar la acción de influir en los poderes públicos con la necesaria transparencia que es exigible en la vida pública".
Por eso, la reforma en cuestión pretendía "poner fin a esta laguna normativa en el ámbito parlamentario. Es evidente que una parte notable de la labor de influencia de estos grupos de interés, y de sus representantes, tiene lugar en el seno de las Cortes Generales. La incorporación de un nuevo Título XIV al Reglamento del Congreso bajo la rúbrica de "De los Grupos de Interés", pretende aportar mayor claridad y orden a la labor de los representantes de estos a través de la imposición de una serie de obligaciones que serán de aplicación a su interacción con los miembros y empleados públicos del Congreso de los Diputados".
Transparencia política
Con ese fin, "el Título XIV del Reglamento se concebía como un instrumento para fortalecer la transparencia en el ámbito de la política. Aunque se han producido avances en este campo a través de diversas disposiciones específicas, hasta el momento no existe un cuerpo normativo que aporte luz a la acción de los grupos de interés y sus representantes en el ámbito de las Cortes Generales. La claridad que aportará esta reforma permitirá dar a conocer qué entidades están tratando de influir en las políticas públicas que a diario se preparan, debaten y aprueban en el seno del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, "la propuesta de reforma" se dividía "en tres artículos y dos disposiciones finales".
El Artículo Uno introducía un nuevo Título XIV en el Reglamento del Congreso, que bajo la rúbrica de "De los Grupos de Interés", recogía una serie de medidas que "homologan a España con los países de su entorno y contribuyen sin duda a facilitar que nuestro país cumpla con las demandas que en el terreno de la ética y la lucha contra la corrupción se han formulado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".
De hecho, el Título XIV de la reforma establecía también un "registro para los grupos de interés y sus representantes, en el que deberán inscribirse aquellos que deseen desarrollar su actividad de influencia en el seno del Congreso de los Diputados. El contenido de este Registro será público y accesible a través de la página web del Congreso de los Diputados y la inscripción estará condicionada al cumplimiento de los deberes recogidos en las disposiciones introducidas por este Título". Ese registro hubiese delatado al grupo del Tito Berni.