El espectáculo montado por Clara Ponsatí, la eurodiputada y exconsejera fugada, ha reventado todas las costuras del separatismo catalán. La esperpéntica detención en la plaza de la Catedral de Barcelona y su conducción al juzgado de guardia para que le fuera entregada la citación del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que comparezca el próximo 24 de abril fue un intento de golpe de efecto que causó más perplejidad que muestras de apoyo y solidaridad.
La maniobra dirigida desde Waterloo no precipitó grandes manifestaciones de apoyo sino que volvió a poner en evidencia la escasa capacidad de convocatoria del independentismo. Unas decenas de personas acompañaron a Ponsatí en su breve paseo por el centro de Barcelona y algo más de un centenar de independentistas acudieron a las puertas de la Ciutat de la Justícia para lanzar las habituales consignas, muchas de ellas contra el Govern de ERC por el hecho de que fueron los Mossos los que practicaron la singular detención.
El fragor independentista se ciñó a las redes sociales y no fue más que una extensión de la guerra interna que protagonizan Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. Y como es habitual, el abogado de Puigdemont y Ponsatí, Gonzalo Boye (condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla e investigado por presunto blanqueo de capitales del narco Sito Miñanco) ha aprovechado el evento para atacar al juez Llarena, poner en tela de juicio su legitimidad, denunciar que la detención de Ponsatí fue "ilegal" y aventurar que Ponsatí no se presentará a la cita en el Tribunal Supremo fijada para el próximo 24 de abril.
La campaña de Boye
Boye sostiene que los tribunales europeos han determinado que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar a los autores del golpe de Estado separatista y que su clienta goza de inmunidad como diputada europea, obviando la circunstancia de que se le investiga por hechos acontecidos antes de que fuera designada eurodiputada. Y en declaraciones a la emisora del conde de Godó ha apuntado que Ponsatí no tiene intención de comparecer "voluntariamente" ante el Tribunal Supremo. También ha dicho que otra detención sería igualmente "ilegal", aunque ha matizado que "aún queda un mes".
La intención de Boye es tratar de forzar un combate legal con Llarena en el Tribunal General de la Unión Europea a raíz de la detención practicada este pasado martes. También ha anunciado que recurrirá el habeas corpus al Tribunal Constitucional.
En cuanto a su cliente principal, el prófugo Carles Puigdemont, Boye ha afirmado que "regresará a Cataluña más pronto que tarde, antes de que acabe el año". El abogado ha asegurado que ni Ponsatí, ni Puigdemont ni Toni Comín tienen miedo de ser detenidos "porque no piensan en su situación personal".
El juicio a Serret
El tono de la defensa de los dirigentes de ERC encausados en el golpe de Estado es muy diferente. Este miércoles se ha celebrado el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura en el gobierno de coalición de Puigdemont y en la actualidad consejera de Acción Exterior. Ni la fiscalía ni la defensa, ejercida por Íñigo Iruin, han presentado testigos. A Serret se le acusaba de malversación, cargo que finalmente le fue retirado, y de desobediencia, delito por el que se le juzga en el marco de su participación en la organización del referéndum ilegal. La fiscalía pide un año de inhabilitación y multa de 12.000 euros. Serret se da por condenada pero que eso no le impedirá ejercer su compromiso con la independencia de Cataluña.
Ha sido acompañada a las puertas del TSJC por el gobierno catalán en pleno y dirigentes de ERC como Oriol Junqueras. JxCat ha enviado una delegación encabezada por su presidenta, Laura Borràs, el secretario general, Jordi Turull, y el diputado Francesc de Dalmases, que ha declarado que iba porque le había convencido Borràs para acto seguido recordar que ERC no apoyó a la presidenta de Junts en su juicio por el fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.
El ambiente distaba mucho de las grandes concentraciones de independentistas en anteriores juicios en el TSJC.