Pedro Sánchez quiere que este escándalo -donde aparece una de sus mayores fundaciones, la Internacional Iberoamericana, en medio de un goteo de contratos con las empresas de la trama presuntamente corrupta- se mezcle con el denominado como caso Cuarteles para dar la sensación de que es la Guardia Civil y no el PSOE y su Gobierno el eje de la trama. Y ERC se ha convertido ya en uno de los grandes aliados del PSOE para atacar a la Benemérita: hasta cuatro comparecencias en el Congreso de mandos de la Guardia Civil ha pedido el partido de Gabriel Rufián para intentar que los nombres de los guardias salgan de continuo en los medios de comunicación en plena avalancha de información sobre el Tito Berni.
Comparecencia del teniente coronel de la Guardia Civil, Carlos Alonso Rodríguez --pedida el día 21 de marzo-- "para dar explicaciones en relación con su presunta vinculación con la trama conocida como caso Mediador [o caso Tito Berni] que, por lo visto, implicaría a diversos mandos de la Guardia Civil", señala ERC. Lo mismo para el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, también pedida ese 21 de marzo y por idéntico motivo.
Exactamente igual para el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, de nuevo por el mismo caso Mediador. Eso sí, ERC no menciona en su petición la vinculación plena entre 2017 y 2021, incluso salarial y laboral, de Espinosa con la Fundación Internacional Iberoamericana en cuyo patronato se encuentran la vicepresidenta Nadia Calviño, los ministros Pilar Llop y José Manuel Albares y catorce secretarios de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por último, la misma petición de comparecencia pesa sobre el coronel de la Guardia Civil José María Tienda Soriano. Realmente ERC ha incluido un cargo adicional de la Benemérita: el de la hasta hace nada directora de la Guardia Civil, María Gámez, recién destituida por el ministro Fernando Grande-Marlaska. Era un cargo político pero también circunscrito a ese cuerpo. Por último, ERC ha solicitado el paso por el Congreso del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.
Hay que recordar que uno de los principales implicados en el ‘caso Mediador’ que investiga la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, es efectivamente el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, el único investigado que continúa en prisión provisional. Según los investigadores, Espinosa es uno de los puntales de la rama empresarial de la trama corrupta, mientras que el que fuera diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo ‘Tito Berni’, encabezaría la trama política.
Pero Espinosa no trabajaba en esos momentos para la Guardia Civil sino para el Gobierno. Y es que estaba cedido y ligado laboralmente a la Fundación del Gobierno mencionada previamente.
Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Libertad Digital han denunciado ya que existe "una estrategia deliberada por parte del Ejecutivo y del PSOE para desviar la atención de los diputados socialistas salpicados por la trama corrupta del ‘Tito Berni’, centrándola en la Benemérita y en los anteriores ministros del Interior con los Gobiernos del PP como Juan Ignacio Zoido". Las mismas fuentes apuntan que "la estrategia del Gobierno de poner el foco en la Guardia Civil es adoptada porque saben que desde el Instituto Armado nadie va a protestar contra el Ejecutivo. No obstante, existe una gran indignación y preocupación en la Benemérita por este asunto y por la complacencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde el Gobierno se está alentando toda la información recogida en el sumario que afecta a la Guardia Civil".
El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, de hecho, ha acordado el cese por "pérdida de confianza" del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, cuyo nombre figura en el sumario de la trama corrupta.
Además, el PSOE, ERC, Unidas Podemos y EH Bildu han tumbado la Comisión de investigación sobre el Caso Tito Berni o Mediador en el Congreso de los Diputados. Y también en Europa. Los socios de la izquierda han acordado en España impulsar investigaciones sobre las irregularidades detectadas en las obras de 200 cuarteles de la Guardia Civil, en vez de investigar el caso que afecta al PSOE y a un general retirado del Cuerpo que actuó integrado en esa fundación dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Y en Europa, los mismos partidos pero a nivel comunitario, han pactado tumbar la investigación en el Parlamento Europeo justo cuando se había detectado el rastro de un presunto uso de fondos de la UE en la trama.
La decisión de ERC, Bildu, PSOE y Podemos impide así, dentro y fuera de España, que se pueda analizar y censurar políticamente una enorme trama de presunta corrupción que abarca el área regional de Canarias; el nacional del uso del Congreso de los Diputados y dependencias de la jefatura de la Guardia Civil para los encuentros de la trama y de tres, por ahora, comunidades autónomas adicionales; y del área internacional, donde se investigan los contratos en los que pudo mediar el general Espinosa de la mano de la Fundación Internacional Iberoamericana en cuyo patronato se encuentran la vicepresidenta Nadia Calviño, los ministros Pilar Llop y José Luis Albares y 14 secretario de estado entre los que se encuentra Ángela Rodríguez Pam.
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