Culpable. Laura Borràs ha sido condenada a cuatro años de prisión y trece de inhabilitación por el fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre los años 2013 y 2017. Sin embargo, el mismo tribunal que la ha condenado recoge en la sentencia una petición de indulto y rebajar la pena a dos años para evitar el ingreso en prisión de la presidenta de JxCat y del parlamento catalán. A pesar de la condena, la previsión de Laura Borràs es seguir al frente del partido de Puigdemont. En la sentencia consta el voto particular de una de las magistradas, María Jesús Manzano, que se opone a la pena de prisión y considera que la dirigente política debería ser condenada sólo a inhabilitación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgó a Borràs por fraccionar un total de 18 contratos de los que fue beneficiario el informático Isaías Herrero, cuya función era poner en marcha y garantizar el mantenimiento de la web de la ILC. Mediante ese procedimiento, Borràs eludió sacar a concurso la adjudicación de los trabajos de informática. Tanto Herrero como el otro acusado, Andreu Pujol, reconocieron los hechos y llegaron a un acuerdo con la fiscalía, por lo que sólo les pedía dos y un año de cárcel respectivamente. En el caso de Borràs, la petición era de seis años de prisión, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Testimonios incriminatorios
El informático Isaías Herrero, beneficiario de 18 contratos por un monto de 335.000 euros, declaró en el juicio que fue la dirigente independentista quien le adiestro en el operativo para fraccionar contratos y simular la concurrencia de otras propuestas. "Acordamos dividir el trabajo en varios contratos", ha declarado Herrero, quien ha apuntado además que Borràs le pidió que presentara tres presupuestos "comparsa" para cada uno de los trabajos a fin de simular una especie de concurrencia de ofertas.
La defensa de Borràs, encabezada por el letrado Gonzalo Boye, denunció que los abogados de las otras defensas habían roto la estrategia conjunta al reconocer sus clientes el fraccionamiento de contrato a cambio de penas que evitaran su ingreso en prisión. También centró la defensa en la existencia de una supuesta causa general contra el independentismo del que sería víctima Laura Borràs. Boye aseguró que su clienta estaba en una situación de "indefensión" y acusó de parcialidad al presidente de la Sala, el juez Jesús María Barrientos, presidente a su vez del TSJC.
En el juicio, Borràs aseguró que las cuentas de la ILC tenían el visto bueno de la intervención de la Generalidad y eran revisados por la gerente, Assumpta Pagespetit, que también declaró en su contra en calidad de testigo. Según Borràs, ella sólo seguía las instrucciones de la gerente. Además, atribuyó el hecho de que la incriminara a presiones de la fiscalía.
La sentencia no acaba con la carrera política de Borràs, que seguirá al frente del partido, aunque deberá cesar como presidenta y diputada en el Parlament. La dirigente separatista ha anunciado una comparecencia ante la prensa este mediodía para valorar el fallo.
Borràs agradece el fallo con descalificaciones
Arropada por el grupo parlamentario de JxCat, el expresidente Quim Torra y otros dirigentes, simpatizantes y familiares, Borràs ha comparecido a las puertas del parlamento catalán para arremeter contra los jueces que al tiempo que la condenan solicitan para ella el indulto. Ha arrancado con una cita de Montesquieu —"no hay tiranía más cruel que la que se ejerce al amparo de las leyes"—, para acto seguido afirmar que no ha tenido un juicio justo y que la sentencia es una "aberración judicial y una aberración democrática".
Alega que se la condena por delitos que no ha cometido y ha sugerido que presentará recurso contra la sentencia y que agotará el recorrido judicial. "Esta sentencia es tan execrable como era previsible, es fruto de un juicio en el que ni se me ha respetado el derecho a tener un juez imparcial", ha asegurado.
También ha aprovechado la comparecencia sin preguntas para arremeter contra ERC, aunque sin citar a la formación republicana. Según Borràs, sus enemigos políticos pretendían que el TSJC hiciera el trabajo por ellos. "Les invito a reflexionar sobre si es lícito aprovecharse de la represión contra el independentismo para utilizarla en la lucha partidista". Además, ha calificado de "politizado" al tribunal y ha asegurado que "está al servicio de la unidad de España".