Las elecciones parecen haber empezado antes de tiempo para algunos. El Gobierno balear se ha lanzado a entregar las llaves de una nueva promoción de vivienda pública en la localidad de Villafranca de Bonany, una localidad de Mallorca donde las viviendas entregadas, además, y en plena pérdida de poder adquisitivo por todas las familias, resulta que son de tipo dúplex.
La presidenta regional Francina Armengol ha hecho entrega ya de más de 20 viviendas de protección pública que se destinan a una promoción de alquiler social. La explicación del Gobierno autonómico afirma que "todos merecemos vivir en una vivienda digna, que debería ser un derecho de la ciudadanía y no un bien de especulación". Y que por ese motivo, su Ejecutivo ha aprobado "la primera ley de vivienda de la Comunidad Autónoma y se ha hecho obra nueva, se están dando más ayudas al alquiler que nunca y se está ayudando a los promotores privados a hacer vivienda a precio tasado".
Las viviendas cuentan entre 57 y 80 m2, tienen disposición tipo dúplex y están diseñadas para rebajar los consumos energéticos y de agua. Los precios de los alquileres sociales oscilan entre los 370 y los 649 euros con una condición: que representen un máximo del 30% de los ingresos del núcleo familiar.
Y todo ello, mientras los precios del alquiler libre en Baleares se sitúan un 47% por encima de los de la burbuja de 2007, según los datos de Fotocasa; el parque de vivienda en alquiler se ha contraído hasta un 41% a lo largo del año pasado; y Armengol impulsa medidas para prohibir la compra de viviendas por extranjeros. Todo un desatino que pretende enjuagar Armengol con anuncios de paquetes de poco más de 20 viviendas sociales en algunas localidades.
Cargo a los fondos europeos
Lo cierto es que el Gobierno de Baleares lleva tiempo con avances de sus programas de vivienda social. Y ha contado con el Gobierno de Pedro Sánchez para ello. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de hecho, anunció a finales del pasado año un acuerdo con Baleares para, con cargo a la partida de los fondos europeos, impulsar 2.750 viviendas de alquiler social.
El plan del Gobierno, en teoría, pasa por destinar más de 113 millones de estas partidas de ayudas europeas a generar parque de vivienda pública protegida. El acuerdo incluía también, en teoría, a Galicia y Madrid.
La traducción para Baleares debería ser la de contar con 24,6 millones de euros para cofinanciar 410 viviendas sociales que tienen que integrarse en el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Y junto a este lote se ha diseñado una segunda fase con 19 promociones que deben albergar un total de 342 casas.