La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) —más conocida como ley Celaá— entró en vigor el 19 de enero de 2021, veinte días después de su aprobación en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus. La reforma, muy contestada por la comunidad educativa, hace aguas tanto por el fondo como por la forma, aunque recientemente haya logrado el respaldo del Tribunal Constitucional. Un decisión que responde —como ha publicado Libertad Digital— al intento del organismo que preside Cándido Conde-Pumpido de blanquear todas las leyes polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones municipales.
Los más perjudicados son los alumnos de educación especial, por tratarse de uno de los sectores de la población de mayor vulnerabilidad. De ahí que a la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial no le haya quedado más remedio que ponerse en pie de guerra. La ley "socava dos derechos fundamentales: el derecho de las familias a elegir la modalidad educativa que desean para sus hijos, y el derecho a la existencia de la educación especial tal y como la conocemos", explica el presidente de la organización, Carlos Valiente.
"Todo esto", añade durante la entrevista para LD, "sin estar basado en criterios ni pedagógicos ni técnicos ni científicos" y "sin un consenso claro". Valiente —con una larga trayectoria como docente, tanto en la ordinaria como la especial— explica que esta ley "daña algo que está funcionando". Era tan sencillo como que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera permitido que siguieran coexistiendo las tres modalidades que han convivido hasta ahora sin ningún problema: la ordinaria, la especial y la combinada.
"Defendemos el derecho de los niños a que se eduquen y se inserten en la modalidad que mejor les pueda encajar en función de su situación", asevera. Pero la Lomloe "acabará con esa sana convivencia" bajo el pretexto de mejorar la educación ordinaria. Desde la asociación, entienden que esta modalidad "ha de tener más medios". "Y no dentro de 10 años, como dice la disposición adicional cuarta, desde ya", añade.
Pero, aunque se la dote de más recursos, "es imposible que pueda responder a muchas de las necesidades educativas de los niños con discapacidad", advierte. Nunca podrá llegar al "grado de especialización que tienen sus profesionales, a nivel interdisciplinar". Realizan un trabajo "tremendamente personalizado", propiciando "mayor inclusión y bienestar emocional" y consiguiendo "la mejor versión del alumnado" a nivel cognitivo.
El vaciado de la especial
Los padres de estos niños, que quieren lo mejor para sus hijos, están preocupados por la desaparición de la educación especial como hoy la conocemos. "Ha entrado en vigor una ley que les plantea un problema importante, aunque no sea de un día para otro", comenta Valiente a este periódico. "La disposición adicional cuarta habla de ese vaciado de los centros de educación especial en un plazo de 10 años, y no podemos quedarnos parados".
Ese sentir es compartido por muchos profesionales del sector. Carlos Valiente lo sabe bien. Conoce la comunidad educativa desde dentro, en todas sus vertientes. Lleva 23 años en la ordinaria. Da clase en la Universidad y es profesor de profesores y psicólogos. Además se dedica a la investigación y desde hace seis años está también en la especial. "Ha sido un descubrimiento para mí. Ahora tengo esa visión sinóptica y esa posibilidad de hacer una comparativa", afirma. "Su forma de trabajar (de la educación especial) me ha cautivado, no puedo dejar de defenderla", asevera.
Es importante "hablar a partir de la experiencia". Sin duda este es uno de los aspectos que la comunidad educativa recrimina al Gobierno en general y la ministra Celaá en particular. Nadie les ha consultado antes de sacar adelante la norma. "Hay factores que son necesarios, como es la dotación económica básica, pero luego está todo lo demás, que no se compra con dinero", añade, "nos encontramos con la derivación forzosa de niños con discapacidad a la ordinaria, condenándoles a estar en una habitación, en un contexto que no es el suyo y en el que no se van a poder desarrollar de la misma forma".
Ventajas sobre la ordinaria
"Lo vemos en niños que vienen de la ordinaria, entran en la especial, y el cambio -el progreso- que constatan las familias es inmenso", explica. "La discapacidad es heterogénea, no es lo mismo un gran afectado que una discapacidad moderada leve", advierte. Esto lo vemos muy claro si analizamos la variedad de casos que se engloban en el marco de un espectro como el TEA. "Te puedes encontrar en un extremo con la discapacidad intelectual y en el otro con altas capacidades".
Llegados a este punto, también es importante conocer los datos de los alumnos que acoge la educación especial. La realidad es que sólo el 17% de las personas con discapacidad están en esta modalidad. El 83% restante está escolarizado en la ordinaria o la combinada, según los datos ofrecidos por ANCEE . "Por mi experiencia", añade Valiente, "tendrían que estar más en la especial de los que están". Aunque se conformarían con que les dejaran como están, "con que no se toque lo que hasta ahora está funcionando, por el bien de los niños".
Cuando es posible, los alumnos que están en centros de educación especial son retornados a la ordinaria, nos explica Valiente. En ocasiones se puede hacer, después de trabajar durante un tiempo con ellos. Pero -desgraciadamente- esto no sucede en la mayoría de los casos. "Podemos tener niños con síndrome de Williams o síndrome X frágil, y ser todos distintos. Con estos niños, que son más vulnerables, se tiene que apelar a la realización de un trabajo mucho más personalizado, diseñado específicamente para ellos", explica.
Por otra parte, se ofrece a estos niños todo lo que necesitan (psicólogo, logopeda, fisioterapeuta...) en un mismo centro. Uno de los motivos por los que muchos los padres optan por esta modalidad. Les permite una mayor conciliación familiar y laboral, al tiempo que sus hijos con discapacidad reciben la mejor atención posible. Todo son ventajas, particularmente para los alumnos. Por eso resulta complicado encontrar el motivo que ha llevado a este Gobierno de izquierdas a poner fecha de caducidad a los centros de educación especial.