La ministra de Justicia, Pilar Llop, saltó de inmediato a la polémica por la gestación subrogada de Ana Obregón. Aseguró que la "gestación subrogada" era un mero "eufemismo para esconder algo que significa violación de los derechos humanos, de los derechos sexuales de las mujer y los derechos de los niños". Y aseguró que su Ministerio estaba trabajando ya en un anteproyecto de ley para combatir este tipo de gestación por considerarla una nueva forma de trata de seres humanos. Pues bien, de ese Ministerio depende justo el Registro Civil, el mismo que tiene que decidir si tramita el registro de la hija de Ana Obregón o si da la batalla en su homologación como hija a efectos oficiales. Y la frase de Pillar Llop, ministra de esa cartera, tenía consecuencias: las presiones ya han llegado al Registro en un intento de que no inscriban sin pelear a la hija de Ana Obregón.
"La trata de seres humanos es un fenómeno criminal que atenta contra todos y cada uno de los derechos fundamentales de una persona, contra su vida, su salud, su salud sexual y reproductiva, contra su libertad, su honor... es un crimen horrendo". Así se pronunció Pilar Llop hace unos días. La ministra añadió que está trabajando en un anteproyecto de ley de trata, que ya ha sido elevado a primera vuelta del Consejo de Ministros "y que ha recibido informes de los órganos consultivos y un informe muy favorable del CGPJ". Porque para ella, la subrogación es equiparable al delito de trata.
Llop afirmó que pretende tipificar nuevas formas de trata, como la servidumbre o la esclavitud y que quiere ir "más allá de la persecución del delito". Por eso Llop trabaja en "un texto integral que aborda todo lo que tiene que ver con la trata de seres humanos para que en la sociedad no se puede tratar ni cometer delitos con las personas". "En democracia no se puede permitir que los cuerpos de las personas o las personas sean un objeto más de consumo. En una democracia los seres humanos no se compran, no se venden y no se trafica con los seres humanos", concluyó Llop.
Pues bien, ¿de quién dependen el Registro Civil Central? La web del Ministerio de Pilar Llop deja claro que "el Registro Civil Central es un registro dependiente del Ministerio de Justicia en el que se inscriben los hechos para cuya inscripción no resulte competente ningún otro Registro y aquéllos que no puedan inscribirse por concurrir circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento del Registro correspondiente". Y el resto de registros no dejan de tener una relación obvia y directa con el Ministerio que considera que la gestación subrogada es equivalente a la trata de personas. Y las presiones ya han comenzado para intentar convencer a los registros de que se puede poner obstáculos a la inscripción en el Registro de la hija de Ana Obregón.
En España, la inseminación postmortem es posible dentro del año siguiente al fallecimiento del hombre siempre que conste por escrito el consentimiento para el uso de su esperma. Ana Obregón ha afirmado ya que contó con "la última voluntad" de Aless Lequio en lo que constituiría un testamento ológrafo: una declaración ante dos testigos donde se expresa el último deseo. Pero la figura no es del todo pacífica y, además, la Asociación Española de Abogados de Familia ya ha señalado que si la recién nacida efectivamente es fruto del esperma del hijo de Ana Obregón, podría impugnarse su inscripción en el Registro Civil. ¿Con qué argumento? Con el de una supuesta vulneración de la ley de reproducción asistida, que impide la fecundación post mortem después de 12 meses del fallecimiento del padre. Y Alejandro Lequio falleció en mayo de 2020.
Obregón siempre podrá defender invocando la sentencia judicial de filiación de Estados Unidos. Con esa sentencia y la partida de nacimiento es precisamente con lo que se acude al Registro Civil consular en Miami -lugar de nacimiento de la niña- para la inscripción de la menor en España con su nombre y con la maternidad oficial de Ana Obregón.
Pero para que la inscripción sea definitiva en España, todos estos trámites deben ser homologados por el Registro Civil. Y la Fiscalía puede impugnar en España la inscripción si considera que es contraria a la legislación española. Y todas esas vías son observadas con muchas ganas por la ministra Llop, que ha considerado este asunto como toda una oportunidad política para el PSOE.
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