La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha provocado el desconcierto tras unificar las acusaciones populares de PP, PSOE y Vox en el caso del ‘Tito Berni’ en un solo abogado.
La juez del 'caso Mediador’ con el apoyo de la Fiscalía rechazaba recientemente el recurso de PP, PSOE y Vox, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (Aguaiuris) de ejercer la acusación popular por separado para evitar supuestamente la "hipertrofia acusatoria".
Fuentes de la causa consultadas por Libertad Digital sostienen que "la decisión de la juez de unificar las acusaciones populares bajo una sola dirección letrada no reúne los requisitos legales necesarios. Entre ellos, la unidad de intereses". Además, sostienen que "si las acusaciones populares actuaran de forma individual no se produciría un obstáculo a la normal tramitación del asunto".
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "durante la instrucción es posible que sean imputados más dirigentes del Partido Socialista y obviamente, el PSOE como acusación popular no va a estar interesado en efectuar una acusación contra sí mismo, ni en pedir diligencias de investigación que les puedan perjudicar como partido".
Recordamos que en esta trama de corrupción los principales implicados con el ya exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, Taishet Fuentes Gutiérrez y el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife desestimó la petición de mantener acusaciones populares separadas porque "cualquier decisión en contrario entraría en colisión con el derecho a la tutela judicial efectiva y el reconocimiento al derecho a formar parte del proceso de las acusaciones populares consagrado constitucionalmente. Sin duda alguna tiene efectos beneficiosos para la correcta tramitación del proceso en tiempos prudenciales", y da respuesta "a lo que se denomina la hipertrofia acusatoria".
La instructora añade que "el efecto pernicioso que produce en las causas las personaciones múltiples, con las consecuencias derivadas de esa sobreabundancia, como es la lentitud, complicación innecesaria y ralentización de los procedimientos. No es viable jurídicamente" la omisión del deber de prestar fianza. Y avisa de que hasta que no se fija y se presta "no se han cumplido los requisitos para ser parte, y por lo tanto, la acusación popular no puede intervenir en las diligencias que pudieran practicarse en ese periodo de tiempo".
En la actualidad, la acción popular unificada está conformada por Fuerza Canaria Unida Democrática, Aguaiuris (organización de usuarios y consumidores de aguas), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Vox, PP y PSOE. Al menos Vox, el PSOE y la AUGC ya han decidido recurrir la decisión de la instructora ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.
Ejercer la acusación popular en solitario
El Partido Popular solicitó no sólo ir por libre sino que se inadmitiera la personación del PSOE en la causa porque dado que hay tres de los investigados que "pertenecían o estaban adscritos a ese partido", la investigación puede acabar derivando en que se pida responsabilidad civil al PSOE por los hechos.
El PSOE, por su parte, pidió también ejercer en solitario porque, en este caso, "tratándose de organizaciones manifiestamente heterogéneas, que representan valores tan distintos –y en ocasiones contradictorios entre sí– difícilmente podrán coincidir en una unitaria estrategia procesal acusatoria, por no hablar de que atenta directamente a la base de la relación de los abogados con sus clientes, que es la indispensable confianza".
La AUGC también solicitó ejercer la acusación popular de manera individual, sin el PSOE, PP y Vox, al entender que ir bajo la dirección de un mismo letrado no solo era "absurdo" sino además "limitativo del derecho de defensa y de que las partes procesales puedan elegir libremente cómo y qué medios son los que consideran más idóneos para ejercer el derecho fundamental de defensa".
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