Los familiares de María Gámez accedieron a contratos con la Junta de Andalucía socialista con sociedades recién creadas y con cero experiencia; en ocasiones lograron los negocios públicos hasta sin licitación; todo ello bajo la sospecha de usar firmas falsas; y hasta en teórica concurrencia con unas supuestas ofertas competidoras de las que no consta ni la más mínima prueba documental.
Pero todo ello no les llevó a operar con mesura: hundieron los ingresos de sus licitaciones de la Junta y dejaron 585.305 euros en gastos, mientras la recién destituida directora de la Guardia Civil ejercía cargos en la misma Junta.
Caso Santana Motor
El sumario judicial del caso Santana Motor —una ramificación de los ERE— ha incluido una detallada descripción del descontrol de gastos y hundimiento de los ingresos de algunos de los negocios públicos que les fueron concedidos por la Junta socialista de Andalucía a los cuñados y el marido de María Gámez, la también socialista que ha sido destituida recientemente de la Guardia Civil entre grandes elogios de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños. De hecho, Bolaños ha señalado que la forma de actuar de María Gámez ha marcado un antes y un después en el comportamiento ético, un listón muy elevado en materia de honorabilidad y lucha contra la corrupción.
Pues bien, el sumario destaca una "observación": "Desde que el Centro de Negocios [uno de los contratos concedidos a los cuñados y el marido de Gámez] lo gestiona Experience Management Group SL [la sociedad a nombre del cuñado Bienvenido Martínez], en noviembre de 2009, los ingresos son mínimos, por importe de 198.718 euros en el periodo 2009-2011. De esta cantidad se deben rechazar la mayor parte de los ingresos correspondientes a 2009, pues la gestión del Centro de Negocios comenzó en el mes de noviembre".
Así, "para el año 2010 los ingresos suponen 46.247 euros, correspondiendo exclusivamente a alquileres, al igual que en 2011 por importe de 22.799 euros. Es decir, que no hubo labor de asistencia técnica o asesoramiento alguno por parte de Experience Management Group SL", añade el informe judicial.
Pero otra cosa muy distinta fueron los gastos: "Sin embargo, los gastos en que incurrió Experience Management Group SL, atendiendo exclusivamente a las facturas presentadas por FAGIA [una instrumental de la Junta de Andalucía] a la Agencia IDEA [pagadora final de las ayudas públicas], sin contar las duplicadas, ni aquellas presentadas por Experience Management Group SL a FAGIA, sin la correspondiente de FAGIA a la Agencia IDEA o las que ofrecen dudas supusieron sólo en 2010 la cantidad de 320.669 euros". Es más, añade el sumario, "la suma de la totalidad de facturas aportadas por la Agencia IDEA a esta Instrucción suma la cantidad de 585.305 euros". Todo un salto y todo un despropósito teniendo en cuenta el hundimiento de los ingresos. "Y debe tenerse en cuenta que la justificación de las facturas es por pastos de asesoramiento", añade el sumario judicial.
Ausencia de justificantes y de facturas
Por si fuera poco, "la ausencia de justificantes de los gastos presentados por Experience Management Group SL y la ausencia incluso de algunas facturas impiden conocer verdaderamente la cuantía total, pero en cualquier caso se observan desproporcionados respecto a los ingresos generados, siendo incomprensible esa cuantía de gastos de asesoramiento, cuando en realidad, los ingresos debidos a estos conceptos son simplemente nulos", sentencian los investigadores.
La investigación a la familia de María Gámez ha revelado, por el momento, que los negocios a los que accedieron su marido y dos cuñados se elevaron hasta los 1,36 millones de euros gracias a los contratos dependientes de la Junta socialista de Andalucía.
El sumario revela igualmente que según "el informe emitido por la Agencia IDEA (entidad dependiente de la Consejería donde tuvo un cargo María Gámez) en relación a la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de fecha 29 de julio de 2021, los ingresos generados por el centro de negocios se percibían por la Agencia IDEA y procedían de las rentas percibidas por alquiler de despachos, salas de reuniones, domiciliaciones de PYMES andaluzas y servicios de asesoramiento técnico y/o empresarial".
Ese centro de negocios no dejaba de ser un piso de la Junta de Andalucía en Madrid. Pero para gestionar ese piso se contrató a la empresa del cuñado de Gámez y se le pagaron casi 340.000 euros. De hecho, lo hizo una sociedad instrumental adicional dependiente de la propia IDEA. "Estos ingresos ascenderían a la cantidad de 320.114 euros entre los ejercicios 2007-2011, correspondiendo 230.990 euros a "alquileres y domiciliaciones" y 89.123 euros a "asistencia técnica". Un importe más que considerable.
Y hay que recordar que durante todo ese periodo, María Gámez ostentó los cargos de delegada en Málaga de la Consejería que controlaba todas las ayudas de las que salieron los pagos, la de Innovación, Ciencia y Empresa y, más tarde, delegada de toda la Junta de Andalucía.