El sumario de una de las ramas de los ERE —la que afecta al caso Santana Motor— ha desvelado más detalles de cómo firmaban los contratos públicos los familiares -marido y cuñados- de María Gámez, la socialista que ha sido destituida recientemente de la Dirección de la Guardia Civil en medio de una lluvia de elogios de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños. Su marido, Juan Carlos, ya ha sido imputado por sus ingresos y contratos vinculados al plan de 36,1 millones en ayudas a la empresa Santana Motor. Tanto una sociedad del marido, como otra del cuñado de Gámez, Bienvenido, lograron beneficios de esas ayudas multimillonarias. La Policía Judicial ha analizado en profundidad la forma de contratar con la Junta de estas entidades, en concreto, en la licitación de la gestión de un centro de negocios del Gobierno de José Antonio Griñán ubicado en Madrid. El contrato permitió a los familiares de Gámez "sextuplicar" los gastos con respecto a los ingresos y recibir casi 340.000 euros. Y es que no hubo "licitación" y el contrato careció de cualquier sistema de control de los ingresos.
La Policía Judicial ha incluido un apartado en su documentación judicial para reflejar la "ausencia de regulación de los reembolsos a la Agencia IDEA". Allí, el sumario señala que "en el Informe General remitido por la Agencia IDEA se manifiesta que los ingresos generados por el centro de negocios en Madrid se percibían por la Agencia IDEA". Esta Agencia saltó a la polémica por su continua mención en el caso ERE -el caso Santana Motor donde se investiga a los familiares de Gámez es una ramificación de los ERE-.
La Policía añade que, "por otro lado, en la encomienda de gestión de la Agencia IDEA a FAGIA para la gestión del centro de negocios en Madrid se manifiesta que la totalidad de los gastos en que incurra FAGIA en el desarrollo de estos encargos serán reembolsados por la Agencia IDEA. Esto incluye un máximo del 6% en concepto de gastos de gestión". Ese 6% lo cobraba la sociedad del cuñado de Gámez, Bienvenido Martínez.
Pero los investigadores subrayan que "nada se dice de los ingresos que tenga el centro de negocios. Sencillamente es una cuestión no regulada". La ausencia de cualquier mecanismo de control llama de tal manera la atención de la Policía que añaden: "Se tiene, sin embargo, que los ingresos los percibe directamente la Agencia IDEA, y no el ente instrumental o incluso el tercero particular que gestiona el centro de negocios. La Agencia IDEA no aporta justificante alguno respecto a estos ingresos" y "vuelve a resultar significativo el matiz que se realiza en la respuesta dada por la Agencia IDEA, y del que se puede inferir la ausencia de dichos documentos justificativos".
El descontrol salta a la cifras: "El precio a pagar por la Agencia [IDEA] a FAGIA [una instrumental que aparece en medio, entre IDEA y la sociedad del cuñado de Gámez -Experience Management Group-] es de 450.400.00 euros, que se financiarán con cargo a las dotaciones presupuestarías procedentes de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa para este fin entre las dotaciones del contrato programa de cada ejercicio". Esa Consejería es la misma en la que estuvo María Gámez como delegada en Málaga hasta 2008, momento en el que paso a ser la delegada en la mismo provincia de toda la Junta socialista. Un evidente ascenso.
Falta "absoluta" de control
"El citado precio se revisará anualmente con objeto de adaptarlo al presupuesto real del centro. Del mismo modo, el preclo se reducirá en el importe de los ingresos propios de FAGIA que obtenga de la explotación del citado centro. Dicha facturación se realizará sin iva al estar exenta las actuaciones que desarrolle la Entidad como medio propio de IDEA", recuerdan los investigadores. Que añaden, que la misma "ausencia de control y seguimiento" se puede predicar "de la gestión del centro de negocios en Madrid": "Además de lo señalado en el apartado anterior respecto al cobro de los ingresos eventualmente generados por el centro de negocios en Madrid, y que la Agencia IDEA dice percibidos por ella misma, cuando se contemplaba su cobro por parte de FAGIA, se detecta una completa y absoluta falta de seguimiento de las operaciones realizadas". Así, "en la Encomienda de Gestión se contempla la constitución de una comisión de seguimiento, de la que ninguna referencia existe, ni se han aportado informes, actas, ni se tiene constancia de acto de seguimiento alguno, y ello a pesar de la tremenda desproporción entre ingresos y gastos, que sextuplica estos respecto a los ingresos".
El cuñado de ese contrato logró, además, nada menos que nueve cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía socialista. Trato similar al recibido de la Junta por el propio marido de Gámez. Los familiares, por otra parte, justificaron 280.975 euros en "honorarios" en su contrato con la instrumental de la Junta socialista FAGIA. Y todo ello fue posible, para colmo, por una "falsificación" del convenio por el que se regían las ayudas impulsado por la Consejería en la que había trabajado la propia Gámez y por un segundo motivo: la Junta de Griñán dejó abierto el presupuesto del centro de negocios que gestionaba la familia de María Gámez gracias al contrato con una "instrumental" de la propia Junta socialista de Andalucía, como detalla el sumario.